¿Por qué Cuba vive a oscuras?
Un apagón no es solo la ausencia de luz. En Cuba, un apagón significa agua que no llega porque fallan los sistemas de bombeo, alimentos que se echan a perder por la ruptura de la cadena de frío, hospitales bajo presión, escuelas cerradas, transporte paralizado, comercios detenidos y una vida cotidiana reducida a sobrevivir hora por hora. En diciembre de 2024, tras un colapso de la red nacional, el propio gobierno cubano tuvo que priorizar electricidad para hospitales y bombeo de agua, mientras escuelas y servicios no esenciales permanecían cerrados; ese día el país producía apenas 533 megavatios frente a una demanda típica nocturna de entre 3,000 y 3,200.
Por eso la crisis cubana no puede leerse solo como una disputa ideológica ni como un eslogan de sobremesa sobre que “el comunismo no funciona”. Cuba arrastra problemas internos reales: rigidez estatal, baja productividad, y escaso margen de maniobra económica. Pero también enfrenta algo más profundo: una política sostenida de sanciones y aislamiento que castiga con especial dureza a una isla dependiente de importaciones, combustible, repuestos, financiamiento y pagos internacionales. Reuters reportó el 4 de marzo de 2026 que Cuba sufrió otro apagón amplio en medio del endurecimiento de las restricciones que han cortado envíos de petróleo, especialmente desde Venezuela.
Ahí está la clave: cuando se quiere castigar a un gobierno mediante sanciones, quienes reciben primero el golpe no son las élites políticas, sino la población. El poder suele conservar acceso privilegiado a redes estatales, distribución, protección institucional y mecanismos de adaptación. La ciudadanía no. La población enfrenta escasez, inflación, colas, deterioro del transporte, pérdida de alimentos, falta de medicinas y emigración forzada. La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales fue muy clara en 2025: aunque los medicamentos y dispositivos médicos no estén formalmente sancionados, la combinación de restricciones, sobrecumplimiento bancario y logístico, mayores costos y miedo empresarial ha producido la “inaccesibilidad generalizada” del 69% de los medicamentos para la población cubana.
Eso explica por qué la sanción económica rara vez funciona como bisturí y casi siempre opera como castigo colectivo. En el papel puede dirigirse contra un Estado; en la práctica rompe pagos, seguros, transporte, crédito, inversión y cadenas de suministro. La ONU advirtió también que esas limitaciones no solo encarecen importaciones, sino que frenan el mantenimiento y desarrollo de infraestructura crítica, incluyendo electricidad, agua, saneamiento, transporte y telecomunicaciones.
¿Qué podría hacerse? Lo primero es abandonar la fantasía de que el sufrimiento social traerá automáticamente apertura política. Seis décadas de castigo no han producido democratización proporcional; sí han producido precariedad crónica. Habría que remover trabas reales a combustible, remesas, pagos, seguros, transporte, repuestos y bienes esenciales, además de limitar el sobrecumplimiento de bancos y empresas que termina volviendo inútiles incluso las exenciones humanitarias.
La lección cubana es incómoda porque desmonta una simplificación útil. No basta decir que un modelo fracasó. También hay que mirar cuánto se hizo para aislarlo, encarecerlo y dejarlo caer dentro de un sistema global interdependiente. Y cuando se corta la electricidad en un país entero, lo que se ve no es una teoría económica abstracta: es la vida humana volviéndose más frágil, más cara y más corta.
POR TALYA ISCAN
Catedrática Universitaria: FCPYS (UNAM); UIA; UP; UAnáhuac
@TALYAISCAN
MAAZ
