Rocío San Miguel, voz indomable de la sociedad civil venezolana
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En enero de 2024, Rocío San Miguel, presidenta de la prestigiosa ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sintió de nuevo el aliento espeso de la revolución muy cerca de ella. La conspiranoia chavista trabajaba a toda velocidad porque era año electoral y porque el triunfo arrollador de María Corina Machado en las primarias opositoras había transformado radicalmente el escenario político. El Palacio de Miraflores había fracasado a la hora de imponer a uno de sus favoritos.
"¿Qué ha dicho Maduro de las conspiraciones de 2023 y lo que va de 2024? Cuatro conspiraciones dice haber abortado el Gobierno de Venezuela en 2023 y una en enero de 2024. La Constitución garantiza el debido proceso por lo que se deberían conocer datos de detenidos, lugar de reclusión, jueces a cargo del proceso", criticó la hispanovenezolana San Miguel en enero, sólo días antes de que agentes chavistas la detuvieran en el aeropuerto de Maiquetía cuando pretendía volar a Madrid. Ella se había convertido en el principal objetivo de la quinta "conspiración" inventada por los bolivarianos.
La racionalidad de San Miguel, de 59 años, nunca encajó en el disparatado mundo revolucionario. Cuando activistas y periodistas necesitaban un análisis sosegado de lo que ocurría dentro de las filas militares, ahí estaba esta figura emblemática de la sociedad civil venezolana, una luchadora indomable que durante dos décadas mantuvo un pulso desigual con el chavismo.
San Miguel contaba desde la década pasada con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la cruzada comenzada tras su despido del Consejo Nacional de Fronteras en aplicación de la famosa Lista Tascón, en la que se incluyó a miles de venezolanos que habían firmado a favor de llevar a cabo un proceso revocatorio contra Hugo Chávez. La Lista Tascón se convirtió en la principal herramienta de apartheid social contra sus firmantes, que fueron despedidos en masa de la administración pública y castigados a la hora de solicitar becas, trabajo e incluso préstamos al Estado.
San Miguel nunca se rindió y compaginó ese desafío con su trabajo al frente de Control Ciudadano. Sólo unos días antes de su detención, en entrevista con EL MUNDO, advirtió de "la expansión y fortalecimiento del carácter transnacional de bandas criminales", como el Tren de Aragua y las guerrillas colombianas.
Para medir la envergadura de San Miguel, basta con recordar que las denuncias contra su encarcelamiento provocaron el cierre de las oficinas caraqueñas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el organismo internacional al que ahora recurre el gobierno revolucionario para protestar por la acción militar de EEUU en su país.
Los caprichos revolucionarios del destino han llevado a la misma ciudad, Madrid, a dos personajes sin los cuales no se entiende qué ha sucedido en Venezuela en lo que va de siglo. El primero fue el general Miguel Rodríguez Torres, ojito derecho de Hugo Chávez y ministro de Interior de Nicolás Maduro. El militar perdió su pulso frente a los colectivos revolucionarios y por culpa de sus aspiraciones presidenciales, acabó en una mazmorra chavista pese a su inmaculado currículum bolivariano. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consiguió sacarle de allí hace tres años y trasladarle a España, incluso situarle en una universidad capitalina. Desde entonces pasean de la mano en sus incursiones políticas "venezolanas" en Madrid.
Si algún día se produce el reencuentro entre los dos, Rodríguez Torres recordará las graves acusaciones que lanzó contra San Miguel desde el poder de su ministerio: "Es una operadora de la CIA en Venezuela, lo puedo comprobar".
A semejante tipo de acusaciones se ha enfrentado San Miguel a lo largo de su lucha ciudadana. Las mismas que empleó el fiscal chavista Tarek William Saab en febrero de 2024, en su señalamiento por espionaje. Las pruebas que presentó contra la activista fueron tan ridículas como crueles: hasta los mapas de las zonas militares de Venezuela, de dominio público, sirvieron para la acusación revolucionaria. San Miguel los había subido a su web, como información pública, muchos meses antes.
San Miguel fue incluida en el caso Brazalete Blanco por uno de los detenidos, excusa perfecta para profundizar la arremetida chavista contra oposición y ONG. El operativo en su contra incluyó la detención de su exmarido, el también hispanovenezolano Alejandro González, quien permanece en el Rodeo 1 a la espera de salir beneficiado de la lotería de las liberaciones. El delito de este exmilitar, que ejercía como gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, es haber estado casado con San Miguel. Cosas que ocurren en revolución.
Los problemas físicos de San Miguel, con una grave dolencia en el hombro, y su inocencia total no lograron acabar antes con el calvario carcelario de la luchadora demócrata, cuya liberación se ha recibido con alborozo entre organizaciones y activistas.
