Un año sin redadas contra la piratería
ESTADOS UNIDOS VOLVIÓ a exhibir a México por su falta de resultados en el combate a la piratería durante 2025.
La 2025 Review of Notorious Markets, elaborada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que está a cargo de Jamieson Greer, subraya que nuestro país no realizó redadas significativas.
Se refiere a operativos antipiratería en mercados como el de Tepito, en la CDMX, y El Santuario, en Guadalajara, pese a que la venta de mercancía ilegal se realiza abiertamente ante las autoridades.
Los reportes enviados al USTR por titulares de derechos, embajadas y actores industriales fueron clave para que estos puntos aparecieran de nuevo en la lista negra, documentando la magnitud del comercio ilícito y la ausencia de acciones gubernamentales.
El Santuario, en la ciudad que gobierna la emecista Verónica Delgadillo, destaca como uno de los puntos más críticos.
Ahí se distribuyen medicamentos falsificados, robados o caducos mediante redes de menudeo, mayoreo y almacenamiento.
Las empresas farmacéuticas afectadas, titulares de derechos que han presentado quejas formales durante años ante autoridades estadounidenses y mexicanas, estiman pérdidas anuales por mil millones de dólares generadas por esta economía paralela.
Frente a ello, el documento del USTR recalca que en 2025 no hubo operativos relevantes, lo que ha agravado la facilidad con la que operan estas redes sin enfrentar consecuencias legales.
San Juan de Dios, ubicado en la misma plaza del estado que gobierna el también anaranjado, Pablo Lemus, es el mercado techado más grande de América Latina, un nodo relevante del comercio pirata.
Además de ropa y accesorios falsificados, se concentra la venta de software, videojuegos, películas y electrónicos modificados.
En este rubro, firmas como Nintendo, Sony y Microsoft, que encabezan Shuntaro Furukawa, Hiroki Totoki y Satya Nadella, de manera respectiva, ya han presentado
quejas formales.
Y es que, en esos comercios negros la oferta de servicios para instalar modchips y eludir medidas tecnológicas de protección están a flor de piel.
Dichas multinacionales han solicitado operativos para frenar la modificación ilegal de hardware, al afirmar que la actividad se realiza a plena vista, además de que no se cuenta con respuesta gubernamental.
En la metrópoli que maneja Clara Brugada, Tepito vuelve a ocupar un lugar central en la crítica estadounidense.
El reporte señala que, a diferencia de años anteriores, no se realizaron redadas en 2025, pese a ser un mercado donde se distribuyen artículos de lujo falsificados, electrónicos, videojuegos modificados y dispositivos para facilitar la piratería.
Según los propios titulares de derechos, la criminalidad en la zona impide que puedan ejercer acciones directas para proteger su propiedad intelectual, lo que ha derivado en nuevas solicitudes de operativos dirigidas a autoridades federales y locales.
La única acción formal con fecha precisa provino de una empresa que sí logró activar un mecanismo legal, y es la sueca Lego, que capitanea Niels Christiansen.
Solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que encabeza Santiago Nieto Castillo, dos procedimientos legales mediante el esquema Medidas sin Frontera, luego de detectar la entrada de 10 mil juguetes pirata por la aduana de
Lázaro Cárdenas.
Este caso confirma que, cuando las empresas logran articular canales de denuncia efectivos ante el IMPI, sí pueden resultar en decomisos y sanciones, aunque dichos casos son excepcionales frente a la magnitud del problema en nuestro país.
EL GOBIERNO FEDERAL anunció un programa de inversión conjunta en carreteras para 2026 estimada en más de 397 mil millones de pesos y esquemas que incorporan participación privada. Banobras, que dirige Jorge Mendoza Sánchez, tiene el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y los tiempos de traslado, además de fortalecer el comercio exterior y la generación de empleo. A través del Fonadin se desarrollarán 18 proyectos bajo esquemas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, así como de inversión mixta, con otros cinco en análisis. Sólo estos proyectos implican recursos superiores a 150 mil millones de pesos, la modernización de más de mil 450 kilómetros y la creación de más de 300 mil empleos entre directos e indirectos en 11 estados del país. El diseño financiero busca mantener el control público de las concesiones, con esquemas autofinanciables y una participación privada acotada.
MARÍA DE LOURDES Medina Ortega asumió la presidencia de la Canancintra, cuando las micro, pequeñas y medianas industrias crecen con reglas incompletas y apoyos limitados. La nueva dirigente tendrá ante sí los retos para la manufactura, responsable de buena parte de las exportaciones a Estados Unidos, que van desde aranceles y un entorno comercial más restrictivo sin incentivos fiscales ni respaldo sostenido a la innovación. La ausencia de una ley de industria deja a las Pymes como proveedores intermedios con baja productividad y escaso margen para escalar. Impulsar a la industria no es sólo una agenda sectorial, es empleo, inversión regional y estabilidad económica para millones de familias. Sin cambios de fondo, la industria seguirá operando a contracorriente y esto lo sabe la nueva presidenta.
A POCOS MESES del Mundial de Futbol 2026, los pagos electrónicos se perfilan como uno de los temas operativos clave para México. Visa, que comanda Francisco Valdivia, apuesta por que el torneo acelere el uso de pagos sin efectivo en un país donde la adopción aún es limitada frente a otros mercados de la región, con una penetración de pagos sin contacto de solamente 25%, muy lejos del promedio latinoamericano de 70 por ciento. Sí hay un avance, si se compara con 2% registrado hace apenas dos años, pero la brecha sigue siendo amplia. Eventos de alta concentración de consumo, como la Copa del Mundo de este año, suelen presionar la infraestructura de pagos por volumen, velocidad y seguridad, por lo que los medios electrónicos no solo facilitan la experiencia del usuario, también reducen costos operativos y riesgos asociados al efectivo.
LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación decidió introducir un criterio que pega a las operaciones inmobiliarias. El máximo tribunal, que preside Hugo Aguilar Ortiz, avaló que la diferencia entre el precio pagado por un inmueble y su valor real sea considerada ingreso gravable cuando supere 10 por ciento. Al resolver el amparo en revisión 384/2025, la Corte sostuvo que el Congreso definió con claridad qué debe entenderse por ingreso en estos casos, así como el método para su determinación. El valor real se establece con base en avalúos realizados por corredores públicos o instituciones autorizadas. El criterio busca atender prácticas de subvaluación en escrituras y establecer una base objetiva para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. La regla se aplica de manera general, sin distinguir tipo de inmueble ni condiciones personales del comprador. Para la Corte, el umbral del 10% funciona como un margen razonable para identificar diferencias significativas y no resulta arbitrario.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL
