Procesados en el caso Liga2 reaccionan al llamado a juicio por la sospecha de asociación ilícita
Varios de los siete sospechosos de asociación ilícita dentro del proceso judicial denominado caso Liga2 calificaron el llamado a juicio como “persecución política”.
Poco antes de la medianoche de este viernes, 17 de abril, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho llamó a juicio a siete personas sospechosas de incurrir en el delito de asociación ilícita.
Son los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y exintegrantes de la denominada Liga Azul, afines al movimiento Revolución Ciudadana (RC), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; además de la exasambleísta correísta Esther Cuesta y el excandidato presidencial de la RC, Andrés Arauz.
Asimismo, el exsuperintendente de Bancos electo en 2022, Raúl González; y la actual vocal del CPCCS Nicole Bonifaz.
Al conocer la resolución, algunos de los procesados reaccionaron en sus cuentas de redes sociales.
“Entre gallos y medianoche, sin pruebas y con un claro afán de silenciar a quienes denuncian sus ilegalidades, hoy, la justicia vuelve a ser herramienta de persecución”, publicó la consejera Bonifaz.
Añadió que este llamado a juicio no la amedrenta y, por el contrario, la motiva a seguir denunciando “lo que la mayoría de Andrés Fantoni (presidente del CPCCS) hace para complacer al poder de turno”.
Augusto Verduga, quien se encuentra fuera del país, calificó como una “farsa” el caso Liga2 e increpó a la jueza.
“Viniendo de esta delincuente con toga, esta resolución es, para nosotros, una medalla. Cuando regrese el Estado de derecho al Ecuador, esta señora tendrá que responder ante la verdadera justicia”, escribió en la red social X.
La exconsejera de Participación Yadira Saltos acusó a Camacho de llamarla a juicio “con plena conciencia de que los hechos acusados no constituyen delito alguno”.
“No es ilícito ejercer funciones públicas con apego a la ley, coordinar acciones en legítima defensa o el buscar ser juzgados por jueces probos e imparciales y no vendidos al poder caso TCE (sic). Basta de atropellos. La justicia en nuestro país se ha convertido en un brazo al servicio de intereses de poder, donde las acusaciones responden a cálculos políticos y no a la búsqueda de la verdad”, añadió.
Arauz, que también se encuentra fuera del país, criticó la “imparcialidad” de la magistrada debido a que es postulante en el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado, que lleva a cabo el CPCCS.
“No hay jueza imparcial. Camacho reposteó un mensaje en el que dice que para ser fiscal general es requisito sentenciar a todo lo que relacione con el correísmo. Es una confesión de su ambición y el sacrificio de la imparcialidad. Fue objeto de recusación precisamente por estar participando en el concurso a fiscal, mientras tenía como partes procesales al CPCCS y a una de sus consejeras. Esta evidencia irrefutable se incorporará en la recusación contra ella que ahora está en manos de la Corte Constitucional”, compartió Arauz en X.
En la audiencia del pasado viernes 17, Camacho acogió la acusación de la Fiscalía de que los sospechosos incurrieron en el delito de asociación ilícita, del que se derivarían tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, fraude e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. (I)
