Un secuestro bajo sospecha
Una sentencia civil que parecía cerrar un litigio familiar terminó por abrir un frente penal. Cuatro días después de que se confirmara la validez de un testamento disputado durante seis años, Rosa María Rubio Zepeda, heredera universal reconocida por la justicia, fue detenida en Estados Unidos, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el uso del aparato judicial en conflictos particulares.
El conflicto gira en torno al patrimonio de quien fuera dueño de una de las radiodifusoras más influyentes del país, Carlos de Jesús Aguirre Gómez. Tras seis años de disputa, los tribunales confirmaron el pasado 27 de marzo de 2026 que la voluntad del empresario fue legítima. Sin embargo, ante el cierre definitivo de la vía sucesoria, los descendientes del primer matrimonio (Juan Carlos, Alejandra y Sofía Aguirre Corcuera) reactivaron una acusación por secuestro, que contradice lo documentado y la realidad clínica del hoy finado.
Los hermanos sostienen que la viuda habría privado de su libertad al empresario durante varios años con el propósito de modificar su voluntad testamentaria. No obstante, dentro del expediente aparecen documentos financieros y registros fotográficos que la defensa presenta para cuestionar esa hipótesis.
Estados de cuenta de American Express muestran cargos realizados por los propios denunciantes mientras su padre se encontraba en tratamiento médico en Chicago en 2017. Las transacciones incluyen compras en establecimientos comerciales y restaurantes realizadas con tarjetas vinculadas a la cuenta del empresario. A estos registros se suman fotografías tomadas en centros médicos en Estados Unidos, donde aparecen los hijos del señor Aguirre visitándolo durante el periodo en el que la fiscalía de la Ciudad de México ubica el supuesto aislamiento.
También existe una declaración ministerial relevante. Sofía Aguirre Corcuera manifestó haber visto a su padre "sano y bien de salud" el 12 de septiembre de 2020, un día antes de su fallecimiento. El acta de defunción señala que la muerte ocurrió por un infarto agudo al miocardio asociado a enfermedades previas, sin indicios de violencia.
El punto más delicado está en la cronología de los hechos, pues la denuncia por secuestro agravado se presentó en diciembre de 2020, tres meses después del fallecimiento del empresario y cuando ya estaba en marcha el proceso sucesorio. No durante los años en que supuestamente habría ocurrido la privación de la libertad.
Este desfase es el que sostiene la interpretación de los abogados de la viuda: que el expediente penal se activó sólo cuando la disputa patrimonial se volvió inevitable. Así, un conflicto familiar que transitó durante años por tribunales civiles terminó trasladándose al terreno criminal, donde ahora buscan reconfigurar lo que la justicia ya había resuelto en materia testamentaria.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR
TWITTER: @ARTURO_RDGZ
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