Caso Vulcan no ha terminado y podría empeorar para el gobierno

LA RESOLUCIÓN DEL panel arbitral del TLCAN sobre el diferendo entre México y la empresa estadounidense Vulcan Materials, dista de representar el cierre definitivo de uno de los conflictos de inversión más delicados en la relación bilateral. En realidad, podría ser apenas el primer capítulo de una controversia con implicaciones políticas y comerciales más profundas en la relación de por sí maltrecha de los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

El laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que encabeza Martina Polasek, concluyó que diversas decisiones adoptadas por autoridades mexicanas violaron las obligaciones de trato justo y equitativo establecidas en el TLCAN.

Efectivamente, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, dirigida entonces por Francisco Moreno y Guillermo Haro, hubo diferencias en autorizaciones medio ambientales en los tres órdenes de gobierno.

El Tribunal señaló que las acciones del Estado mexicano fueron arbitrarias, injustas, carentes de equidad y sustentadas en prejuicios contra la empresa que ahora dirige Ronnie A. Pruitt.

En un arbitraje internacional, ese tipo de calificativos representan una de las censuras más severas que puede recibir un Estado por el trato otorgado a un inversionista extranjero.

Todo lo que ocurrió después de 2019, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó fuera del alcance del Tribunal en esta etapa.

En 2022, el gobierno federal ordenó el cierre total de las operaciones de la empresa en Playa del Carmen y revocó su autorización aduanera para importar y exportar materiales.

En 2023, fuerzas militares y elementos de seguridad, léase tanto la Marina como la Defensa Nacional, comandadas por José Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, ingresaron a las instalaciones de la compañía para tomar el control del predio.

Finalmente, en septiembre de 2024, al cierre del sexenio, el presidente decretó una expropiación de facto al declarar los terrenos como Área Natural Protegida. Todo esto ocurrió cuando el TLCAN había dejado de estar vigente.

Eso significa que las actuaciones más controvertidas del gobierno mexicano permanecen jurídicamente abiertas y ahora podrían convertirse en un expediente sensible dentro de la revisión del T-MEC. 

En Washington, particularmente en el Departamento de Estado, que encabeza Marco Rubio, el caso es considerado emblemático sobre la certeza jurídica, respeto a la inversión y cumplimiento de los compromisos de la relación bilateral.

La preocupación estadounidense es sencilla: si un inversionista puede perder el control de su propiedad mediante cierres administrativos, ocupaciones militares y, posteriormente, un decreto presidencial, ¿qué garantías reales ofrece México para futuras inversiones?

Más aún cuando el propio Tribunal internacional ya concluyó que las primeras actuaciones oficiales estuvieron motivadas por prejuicios y no por evidencia objetiva.

El segundo piso de la 4T lo sabe, y por eso fue cuidadoso al señalar que las conversaciones con Vulcan siguen abiertas, pues la siguiente etapa del arbitraje será mucho más compleja para México.

LA INAUGURACIÓN DE una nueva Utopía en Topilejo dejó algo más que un mensaje sobre infraestructura social. La presencia, por segunda ocasión, de Luisa María Alcalde en un evento encabezado por Clara Brugada alimentó versiones sobre un posible papel electoral de la consejera jurídica federal en la Ciudad de México. Dentro de Morena ya se mencionan dos rutas: Cuauhtémoc y Coyoacán, alcaldías que el oficialismo busca recuperar en 2027. La especulación crece porque algunos de los aspirantes naturales, como Arturo Ávila en Cuauhtémoc, no terminan de generar consensos internos, mientras que en Coyoacán tampoco aparece una figura claramente competitiva. Por ahora no existe una definición de Alcalde, pero sus apariciones públicas en actos de gobierno comienzan a ser observadas con otra lectura. En política, pocas coincidencias se repiten dos veces.

LA COMISIÓN REGULADORA de Telecomunicaciones (CRT), presidida por Norma Solano, abrió una discusión que involucra a concesionarios, periodistas, especialistas y audiencias. El organismo impulsa nuevos lineamientos para fortalecer los llamados derechos de las audiencias, incluyendo mecanismos de réplica, corrección de información y diferenciación entre contenido informativo, opinión y publicidad. El gobierno de México sostiene que se trata de un esquema de autorregulación y no de censura. Sin embargo, algunos sectores de la industria observan con cautela el alcance de las facultades que tendría la autoridad cuando un medio no atienda las recomendaciones de su Defensoría de Audiencias. La consulta pública permanecerá abierta hasta agosto y su resultado podría redefinir las reglas de interacción entre medios de comunicación, reguladores y ciudadanos durante los próximos años.

EL CASO DE Ernesto Ruffo Appel escaló al terreno político, luego de que organizaciones internacionales cuestionaran su detención por presunto huachicol fiscal. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución política y defendió la actuación de la Fiscalía General de la República. Desde Palacio Nacional sostuvo que la investigación se sustenta en decenas de pruebas relacionadas con contrabando de combustible y presunto fraude a la hacienda pública. La mandataria también recordó que no se trata de un caso aislado, sino de una estrategia más amplia contra las redes vinculadas al huachicol fiscal. Con ello, el gobierno busca fijar una posición clara: el expediente debe analizarse en términos judiciales y no como una disputa entre partidos. El desenlace dependerá ahora de la capacidad de Ernestina Godoy y sus muchachos para sostener sus acusaciones ante los tribunales.

LA RUTA QUE eligió el ISSSTE para replantear el suministro de uniformes y equipo de protección será una de las decisiones administrativas que valdrá la pena seguir en las próximas semanas. El instituto optó por un esquema distinto al de las compras consolidadas que coordinan la Secretaría de Hacienda, de Édgar Amador, y la Secretaría de Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, una determinación que abrió un debate sobre la mejor forma de conciliar eficiencia presupuestal, operación y condiciones laborales. Más allá de la decisión jurídica que tomaron trabajadores afiliados al sindicato, especialistas consultados aseguran que abandonar el modelo de compras consolidadas difícilmente resultará conveniente para el instituto, al perder economías de escala, poder de negociación y eficiencias logísticas que ofrece un proceso centralizado. Incluso, podría convertirse en un referente para otras dependencias federales que evalúan esquemas similares.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

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