Daniel Noboa enfrenta diez días de paro indígena en Ecuador
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Ecuador clama por el diálogo tras cumplirse 10 días de paro nacional, en el nuevo pulso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) con el Palacio presidencial de Carondelet. Los precedentes no se han olvidado: las huelgas indígenas en 2019 y 2022, que incluyeron la toma de la capital, resquebrajaron los gobiernos del progresista Lenín Moreno y del conservador Guillermo Lasso.
En esta ocasión, el mandatario moderado Daniel Noboa se mantiene firme. "Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia. Emboscaron en Otavalo un convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la Unión Europea, el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia. Nosotros seguimos, Ecuador no puede retroceder", denunció Noboa en sus redes sociales tras el enfrentamiento de manifestantes con militares que protegían al grupo de autoridades.
De momento, el epicentro de la protesta está localizado en Imbabura y otras zonas de la sierra del país, como Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo, que apoyaron de forma masiva a Noboa en las presidenciales de este año. Quince carreteras permanecían hoy bloqueadas y más de 200 colegios, sin clases.
El detonante del paro es el mismo que rechina en el país sudamericano desde hace años: las subvenciones a los combustibles. Noboa, al igual que sus predecesores, decidió eliminar las ayudas directas al diésel, que para las comunidades indígenas es especialmente gravoso por su uso en labores agrícolas. También para el transporte pesado y de pasajeros.
"La lucha sigue, el paro no se detiene", clamó la Conaie, que ha unido a la derogación del decreto 126 la libertad de los detenidos por las fuerzas del orden y, sobre todo, el esclarecimiento de la muerte del indígena kichwaEfraín Pérez, de 46 años, quien recibió un disparo en el pecho durante las protestas del pasado domingo. Varios militares, que sufrieron maltrato de los comuneros, fueron secuestrados y liberados posteriormente.
"Tenemos personal de este último ataque que está muy golpeado, con brazos y piernas fracturadas, cabezas rotas, contusiones y hasta un soldado desfigurado por el impacto de rocas en su cara", se quejó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, tras reconocer la puesta en libertad de los militares. En paralelo, dos policías cayeron en manos de los manifestantes en otra comunidad serrana.
Los dirigentes indígenas acusan al Ejército de reprimirles como si de la guerra contra el narco se tratara y elevan a un centenar los heridos en los enfrentamientos. La respuesta de Noboa fue fulminante: envió a la Asamblea Nacional, donde cuenta con mayoría absoluta, la sexta ley económica urgente para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El gobierno ha impuesto estado de excepción en las zonas de las protestas, a lo que añadirá el toque de queda.
Ante una enfrentamiento tan enconado, los reclamos para que se abran negociaciones surgieron en los últimos días desde diversos ámbitos, encabezados por Naciones Unidas. En las últimas horas, tras fracasar la primera reunión del martes con autoridades locales al no encontrarse un lugar cultural adecuado, la principal organización kichwa de Imbabura (que forma parte de la Conaie) anunció una tregua provisional "como gesto de buena fe".
Catorce universidades ofrecieron ayer sus instalaciones, "ante la escalada de violencia que vive Ecuador", para que comiencen los diálogos de inmediato. En un comunicado conjunto, sus rectores instaron a las dos partes en conflicto a negociar una salida para el país, a la vez que rechazaban los "actos de violencia que vayan en contra de los derechos humanos de los habitantes del país" y la criminalización de la protesta. La Conaie se reunirá hoy jueves en cónclave para decidir el camino a seguir.
"Con menor intensidad que en 2022 y 2019, el paro se ha centrado en la sierra norte, pero no en la magnitud de las protestas previas. Pero cantar victoria no es oportuno para el gobierno porque puede escalar tras el asesinato del indígena, que ha marcado un punto de inflexión, porque se estaba diluyendo la protesta y eso la avivó en ciertos sectores. Se han retomado marchas en ciertos puntos. Siento que todavía no han aumentado porque el dinero no ha fluido hacia los que protestan. El gobierno ha encontrado la forma de impedirlo. No obstante, todavía puede tomar fuerza con otros sectores o diluirse como parecía lo estaba haciendo", resumió para EL MUNDO el analista político Matías Abad.
La Revolución Ciudadana, principal partido opositor, ha reclamado a sus militantes que apoyen las protestas y ha ofrecido alimentación y abogados a los indígenas. "Si se requiere que salga la militancia de la Revolución Ciudadana, saldrá", sentenció su líder, Luisa González.
