Delcy compara a Guyana con un imperio colonial en su defensa del Esequibo en La Haya
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Delcy Rodríguez compareció ayer lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el broche de la polémica clavado en su chaqueta blanca, el mismo que provocó el último altercado diplomático con Guyana y con otros países caribeños. Como si con sus guiños políticos -en este caso, con el mapa nacional que impuso Nicolás Maduro tras el referéndum patriótico de 2023, convertido en imperdible nacionalista- pudiera enmascarar el olvido revolucionario sobre el famoso Esequibo, territorio en litigio histórico bajo administración de Georgetown.
Los 160.000 kilómetros cuadrados de "monte y culebra" (así denominan en Venezuela a la selva) conservan en sus entrañas atlánticas una de las mayores riquezas en petróleo, gas y otros minerales del planeta. El mismo territorio que hoy lidera el mayor milagro económico del mundo, con Guyana disparando su Producto Interno Bruto (PIB) año tras año gracias al petróleo que extrae la estadounidense Exxon Mobil. El Dubai de las Américas, le llaman los más visionarios.
La presidenta encargada del Gobierno de facto defendió como pudo la posición histórica de Caracas y no dudó en calificar el proceso abierto en la CIJ como un absurdo antijurídico, además de lanzar unas acusaciones imposibles contra la pequeña Guyana, que fuera uno de los países más pobres del continente: "Del mismo modo que los imperios coloniales borraban la historia de los pueblos que pretendían dominar, se pide a esta corte ordenar la destrucción de mapas, prohibir la enseñanza de la historia, acabar con los símbolos y arrancar la Guayana Esequiba del corazón de los venezolanos".
Un alegato sorprendente y sólo posible en la nueva situación en Venezuela, con el chavismo reciclado bajo protectorado de Washington obligado a abandonar sus amenazas bélicas contra Guyana, que tanto preocuparon los últimos años a los vecinos de ambos países. Basta con recorrer la historia reciente del país sudamericano para recordar que Maduro aprovechó los altercados fronterizos con Guyana para fracasar en su intento de forzar una ola patriótica entre los venezolanos con el objetivo de mitigar el éxito alcanzado por María Corina Machado en las históricas primarias democráticas de 2023.
El referéndum patriótico convocado semanas después obligó a la revolución a inventarse unos números electorales imposibles: 10 millones de supuestos votantes pese al desinterés absoluto del país, con alrededor de dos millones de electores. En una maniobra posterior, el chavismo acusó a varios dirigentes opositores muy cercanos a la líder democrática de traición a la patria. A la postre, se convertiría en un laboratorio de lo sucedido al año siguiente durante las presidenciales. Lo más pintoresco es que fueron los opositores los que dieron la batalla sobre la venezolanidad del Esequibo durante todo el chavismo.
Decidido a exprimir al máximo la situación, Maduro se inventó un nuevo estado (región) en el mapa de Venezuela, llamado Guayana Esequiba, con gobernador y una capital incluida, eso sí en territorio venezolano. Siempre sobre el papel, porque la alianza militar de Estados Unidos con Guyana desanimó a ir más allá al dictador, que se engañó a sí mismo con la idea de inventar sus propias Malvinas. Los mismos mapas que con tanto sentimentalismo reivindicó ayer la presidenta encargada.
"Esta corte fue creada para resolver conflictos, no para alentarlos. Ninguna sentencia brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes, por el contrario va a exacerbar las diferencias y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones, alejándolas del arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable al que se comprometieron en 1966 con su forma en el Acuerdo de Ginebra de 1966", añadió Rodríguez, para dejar claro que Venezuela participa a regañadientes en las sesiones del CIJ y que está dispuesta a desconocer su resolución final.
La apuesta de Guyana es diametralmente distinta: defender el statu quo actual, insistir en la "amenaza existencial" de las pretensiones venezolanas y apostar por el laudo arbitral de 1899, que otorgó al Reino Unido la soberanía de la zona, "heredada" por Georgetown tras su independencia de 1966. El Esequibo, con apenas 125.000 habitantes, supone dos tercios del territorio de Guyana. Fueron las Naciones Unidas las que decidieron, ante las posturas enconadas de ambos países, que fuera la CIJ la que dictamine sobre la demanda presentada por Guyana en 2018.
Quién le iba a decir a los dirigentes bolivarianos que el escenario geopolítico del Caribe cambiaría para siempre en 2015, cuando ExxonMobil descubrió el primer yacimiento de crudo frente a las costas esequibas. Casi dos décadas de olvido chavista gracias a las mañas diplomáticas de Fidel Castro, aliado histórico de Guyana, quien convenció a Hugo Chávez de que esa demanda sobre territorio tan pobre no valía la pena. A cambio, el comandante supremo se jugaba algo muy suculento: el apoyo político de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), regado además con millones de barriles de petróleo venezolano, indispensable en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en otros organismos internacionales para ocultar la deriva autocrática de Caracas.
Más allá de la diatriba histórica y geopolítica, la participación de una presidenta encargada bajo sospecha en la audiencia de la CIJ se enmarca en la campaña de legitimación de la pequeña de los Rodríguez, en la que también participa José Luis Rodríguez Zapatero, y que le ha servido para recorrer buena parte del país bajo el eslogan de la confianza.
Una mandataria "confiable" que cruza el Atlántico para viajar a Europa, pese a estar sancionada por la Unión Europea (UE), gracias a la independencia del más alto tribunal de Naciones Unidas. En sus más de cuatro meses en el Palacio de Miraflores, Delcy sólo había viajado al Caribe: a la isla de Granada y a Barbados, donde provocó a las autoridades de Guyana con su famoso broche del Esequibo.
Uno de los grandes temas internacionales por dilucidar es si Rodríguez participará en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre, para lo que cuenta con la connivencia del gobierno español. "Es perfectamente normal que participe", insistió ayer José Manuel Albares, ministro español de Exteriores.
