INE: credenciales y dudas internas
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puso sobre la mesa uno de los contratos más sensibles del sistema electoral mexicano: la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031.
La licitación ya se realizó y el contrato fue adjudicado. Sin embargo, a solicitud de la consejera Carla Humphrey, a la que se sumó el consejero Arturo Castillo, el tema regresó al pleno.
El debate giró en torno a la participación de Talleres Gráficos de México dentro del consorcio ganador. Al tratarse de una institución pública, se planteó que el INE debía extremar precauciones para evitar cualquier riesgo en el manejo de información del padrón electoral.
La preocupación es válida. Pero el procedimiento del INE está diseñado para que las empresas no tengan acceso a dicho padrón.
Los datos y la información biométrica de la ciudadanía permanecen bajo control exclusivo del instituto dentro de sus propios sistemas de seguridad. Las empresas contratadas intervienen únicamente en la fase industrial de producción de la credencial.
En el caso de Talleres Gráficos de México, además, su participación forma parte de una propuesta conjunta con compañías especializadas, en la que se delimitan con precisión las responsabilidades de cada integrante.
Aun así, en la mesa del Consejo del INE se llegó a insinuar que, por tratarse de una entidad del Estado mexicano, su presencia podría abrir la puerta a que información del padrón terminara en manos del gobierno.
Vale recordar que esta institución pública ha participado durante décadas en tareas clave de los procesos electorales del país.
De hecho, desde hace años es Talleres Gráficos de México la que imprime las boletas electorales federales, uno de los insumos más delicados de cualquier elección.
Si ese antecedente no ha puesto en riesgo la certeza electoral, cuesta entender por qué ahora su participación en una fase industrial distinta se vuelve motivo de alarma.
Durante la sesión, algunos consejeros respaldaron los cuestionamientos y extendieron “la lupa” hacia las empresas que integran el consorcio ganador.
El cuestionamiento es válido, pero ese camino abre otro frente.
Cuando se pone en duda a los proveedores que obtuvieron un contrato mediante licitación pública, también se coloca en cuestionamiento el trabajo técnico del propio instituto: los comités de evaluación, los dictámenes especializados y todo el procedimiento que llevó a la adjudicación.
La sospecha surge desde el interior del INE y, el mensaje hacia afuera, es que dentro del propio árbitro electoral hay quienes parecen desconfiar del trabajo de la institución a la que pertenecen.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV.
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
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