Listo informe de proyecto que reorganiza seguridad penitenciaria con apoyo de policías y militares pasivos
El proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario está listo para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El informe fue aprobado la tarde del pasado miércoles por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón. Esta sesionó en la Universidad Ecotec, en Samborondón.
La propuesta busca reorganizar la seguridad en las cárceles del país, reforzar los mecanismos de control interno y endurecer las normas disciplinarias tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de libertad.
Con ello, reseña el informe, se podría recuperar el control efectivo del Estado sobre los centros de privación de libertad y fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos actuales de seguridad.
La iniciativa plantea reformas a siete cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. También incluye cambios en los regímenes de seguridad social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Uno de los ejes principales del proyecto es la creación del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que reemplazará a los actuales agentes penitenciarios.
De aprobarse la norma, este cuerpo estará bajo la coordinación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad adscrita al Ministerio del Interior.
A este Cuerpo de Seguridad Penitenciaria podrán sumarse temporal y excepcionalmente policías y militares en servicio pasivo con el fin de cubrir el déficit de personal de vigilancia y aprovechar su experiencia en seguridad y manejo de crisis.
Para integrarse al sistema, los uniformados retirados deberán aprobar un programa intensivo de formación penitenciaria impartido por el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria. Su participación será temporal, hasta que se complete la formación regular de tres años del nuevo personal penitenciario.
Según el proyecto, estos elementos podrán desempeñar funciones directivas, de supervisión, coordinación o seguridad operativa, sin perder el derecho a percibir sus pensiones de jubilación.
La comisión legislativa que analizó la propuesta señaló que esta incorporación solo será viable si cumple condiciones específicas: carácter excepcional y temporal, capacitación especializada y respeto a la carrera del personal penitenciario en funciones.
Además, la iniciativa refuerza el rol del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, encargado de los procesos de formación inicial, capacitación continua y especialización del personal. Para este efecto, se prevé la adecuación de la carrera del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
El proyecto también fija requisitos para aquellos que aspiren a integrar el nuevo cuerpo penitenciario, entre ellos no tener antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales o terroristas, además de presentar una declaración juramentada de no haber participado en actos de corrupción o delincuencia.
Clasificación de cárceles
El proyecto de ley aprobado por la mesa de Seguridad Integral aplica reformas sobre clasificación de los centros de privación de libertad, en centros de máxima, mediana y mínima seguridad.
El organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social determinará el nivel de vigilancia y seguridad de cada centro y de sus áreas internas y perimetrales, conforme a las condiciones de seguridad del establecimiento, y emitirá la normativa técnica para su organización y funcionamiento.
También se establecen cambios en la clasificación individual de las personas privadas de libertad con la finalidad de determinar su ubicación en los niveles de seguridad dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Serán clasificados por riesgo alto, medio y bajo.
Esta clasificación se realizará conforme a estándares internacionales y bajo las normas emitidas por el organismo técnico del SNAI.
En el ámbito disciplinario, el proyecto amplía la tipificación de faltas gravísimas para las personas privadas de libertad y establece un régimen disciplinario para el nuevo cuerpo de seguridad penitenciaria, con tres niveles de faltas: leves, graves y muy graves.
Actualmente, según registros administrativos de los centros penitenciarios, hasta el 30 de enero de 2026 el país registra 37.170 personas privadas de libertad. De ese total, 22.232 tienen sentencia, 14.327 se encuentran procesadas, 368 cumplen sanciones por contravenciones y 244 están detenidas por apremio.
El proyecto de ley contiene 31 artículos, diez disposiciones transitorias y una disposición final. (I)
