Asambleísta Diana Jácome mantiene su inmunidad parlamentaria, no será procesada por presunta calumnia
La Asamblea Nacional no alcanzó los 101 votos necesarios para levantar la inmunidad parlamentaria a la asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) Diana Jácome para ser procesada por el presunto delito de calumnia.
El pleno del Parlamento sesionó la tarde de este viernes, 24 de abril de 2026, para conocer el pedido de autorización del juez nacional (e) Marco Aguirre Torres para iniciar un proceso penal en contra de la legisladora de la bancada de Gobierno.
La sesión plenaria se desarrolló de manera virtual y el único asambleístas que habló en el debate fue Isaac Solano (ADN), compañero de Diana Jácome, quien mocionó votar por el pedido de autorización del magistrado.
En el pleno hubo dos votaciones por esta moción, debido a un pedido de rectificación que hizo el legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Eustaquio Tuala.
En la primera hubo 55 votos a favor de levantar la inmunidad parlamentaria, 87 en contra y dos abstenciones. En la segunda votación, luego de la rectificación, se registraron 55 consignas a favor, 84 en contra y 3 abstenciones.
Los votos favorables para autorizar que se procese judicialmente a Jácome fueron del correísmo, mientras que los legisladores de ADN se negaron a levantar la inmunidad parlamentaria a su compañera.
El juez Aguirre pidió la autorización al Parlamento tras una querella que presentó el asambleísta y coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, quien alega que Jácome habría incurrido en calumnia por decir:
“Les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa, y espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quien ustedes salvaron...“.
La asambleísta de ADN se refirió a los legisladores del correísmo y ocurrió en la sesión n.º 067 del pleno de la Asamblea Nacional, desarrollada el 5 de febrero de 2026.
Según González, la legisladora Jácome “habría incurrido en conductas que exceden el legítimo ejercicio del debate parlamentario, convirtiendo la descalificación personal, la amenaza velada y la humillación en herramientas sistemáticas de intervención política”. (I)
