Narcodemocracia
En las elecciones de Michoacán de 2021, la intervención del crimen organizado en favor del candidato de Morena —el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla— alcanzó niveles de ignominia. Aquel proceso estuvo marcado por intimidaciones, asesinatos políticos, amenazas y ataques en centros de votación. El Tribunal Electoral federal así lo acreditó en una sentencia histórica que anuló todas las casillas de cuatro municipios de Tierra Caliente, donde la presencia criminal fue determinante. Pese a ello, las autoridades electorales avalaron el triunfo del candidato oficialista.
Cinco años después, las consecuencias están a la vista. Michoacán es un teatro de guerra entre facciones criminales que disputan territorio, economías y el control de gobiernos municipales, como quedó claro con el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
Algo similar ocurrió en Sinaloa, donde en 2021 abundaron las evidencias del apoyo del Cártel de Sinaloa a candidatos de Morena y de la intimidación contra otras fuerzas políticas. Hoy nadie puede negar el poder que los criminales obtuvieron al amparo de aliados políticos, poder que precedió a la actual catástrofe de violencia.
Hablar de narcopolítica en México ya no es exageración retórica. Es uno de los rostros más graves de nuestra crisis de soberanía interna. En 2021 fueron asesinadas 176 personas vinculadas al proceso electoral, 43 de ellas candidatos o aspirantes. Y ya no es solo violencia: la sombra de colusión criminal recae sobre gobernadores, senadores y hasta secretarios de Estado revelando un proceso de captura institucional profundamente avanzado.
Pese a estos signos de putrefacción democrática, el problema parece irrelevante para la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo no ha castigado a quienes se coludieron con el crimen para ganar elecciones, sino que su propuesta de reforma electoral no incluye absolutamente nada para combatir la infiltración criminal en los procesos electorales que permiten la captura del Estado.
No propone nada para garantizar lo más básico de una elección: que la competencia por el poder se dé en paz. Nada para proteger a candidatos y sus colaboradores del fuego criminal. Nada para vetar aspirantes coludidos. Nada para sancionar con contundencia cuando el crimen organizado incline la balanza.
Peor aún, algunas propuestas demagógicas podrían agravar el problema. Al reducir el financiamiento público a los partidos se abre todavía más la puerta al dinero ilícito, como parece haber ocurrido con Morena y su red de financiamiento ligada al huachicol fiscal. Recortar recursos sin establecer salvaguardas que impidan su sustitución por dinero de los cárteles es un cóctel explosivo para la democracia.
Es evidente que la iniciativa presidencial busca acumular más poder y debilitar los contrapesos, no fortalecer la representación ciudadana. Si realmente importara la democracia, se enfrentaría a su mayor amenaza: el crimen organizado. Desmantelar la institucionalidad no corrige sus vicios; los profundiza y allana el camino para la consolidación de la narcopolítica.
POR CARLOS MATIENZO
DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
MAAZ
