Prejuicios en Fiscalías detienen acceso a la justicia para comunidad LGBT+
En México, el Código Postal (la zona donde vives) determina la posibilidad de acceder a la justicia. A pesar de los avances en la visibilización y el reconocimiento legislativo en materia de derechos humanos a nivel federal, las fiscalías estatales mantienen a la comunidad LGBT+ en una “zona de silencio”.
Los crímenes de odio, la falta de peritos especializados y una profunda resistencia institucional para aplicar los protocolos de investigación criminal con perspectiva de género y diversidad, continúan.
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Según los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, se registran en el país decenas de asesinatos cada año motivados explícitamente por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.
No obstante, las cifras oficiales recopiladas por los ministerios públicos locales muestran una realidad paralela: la mayoría de estos casos son clasificados de forma expedita como “crímenes pasionales”, riñas callejeras o delitos comunes, lo que invisibiliza el odio sistémico.
Prejuicios, el problema
“El problema central en México no es la falta de leyes en abstracto, sino el prejuicio que permanece profundamente enquistado en los ministerios públicos de los estados”, afirmó la activista y defensora de derechos humanos de la organización civil Letra S, Silvia Susana Jácome, durante su participación en el Foro Regional sobre Justicia Inclusiva celebrado en la Ciudad de México el pasado 14 de marzo.
Agregó: “Cuando una mujer trans es asesinada en Veracruz o en Guerrero, la primera reacción de la Fiscalía local es revictimizarla, investigar exhaustivamente su vida privada y negarse por completo a indagar el componente de odio o prejuicio que motivó el crimen”.
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Activistas de diversas entidades señalan que las solicitudes efectuadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se responden con evasivas burocráticas o con la declaración formal de “inexistencia de datos”, bajo el recurrente argumento de que sus sistemas informáticos y plataformas de registro penal no desglosan las carpetas de investigación según las características identitarias de los afectados.
“Nos topamos de manera constante con una pared burocrática intencional. En las fiscalías locales de la región del Bajío nos contestan formalmente que no llevan ese conteo específico, lo cual borra de tajo el problema del mapa público”, denunció Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, en una conferencia de prensa virtual desde León, Guanajuato, el abril pasado.
