Caso Triple A: defensa de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, rechaza prisión preventiva solicitada por Fiscalía; Tribunal convoca para las 16:30 de este lunes para dar su resolución
Luego de casi una hora y media de audiencia de sustitución y revisión de las medidas cautelares que pesan sobre los procesados en el caso Triple A: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, y Ricardo Cevallos, la mañana de este lunes, 29 de septiembre, los jueces que integran el Tribunal de Juicio de la causa, Christian Fierro (ponente), Jorge Sánchez y Carlos Serrano, suspendieron la diligencia y convocaron para las 16:30 de este mismo lunes para dar a conocer la decisión que adopten.
La audiencia fue solicitada por el fiscal de la causa ante un supuesto incumplimiento de las medidas de presentación periódica dispuestas para los dos acusados del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Ante el incumplimiento, la Fiscalía solicita que se defina orden de prisión preventiva para estos dos procesados que son parte de las 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices.
Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, rechazó que la Fiscalía haya solicitado que se revise la presentación periódica definida ante el incumplimiento de la medida el 1 de septiembre pasado en la Fiscalía de Guayaquil, siendo que su defendido estaba en Quito cumpliendo obligaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en su calidad de alcalde en una reunión en la Cancillería. De todas esas acciones oficiales existirían fotografías que comprobarían la razón de la inasistencia.
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#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: Tribunal suspende la audiencia –hasta las 16:30– para analizar los argumentos y la documentación presentada por las partes procesales. #FiscalíaEc solicitó prisión preventiva para los 2 procesados por incumplir la medida de presentación periódica. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 29, 2025
De lo ocurrido el 1 de septiembre, Alvarez, quien asistió por vía telemática a la diligencia, habla en un escrito entregado a los jueces de la causa y pide que se tenga por justificada la inasistencia. El alcalde explicó que el 1 de septiembre pasado se encontraba en Quito por dos motivos: su presencia en la audiencia oral única de prueba y alegatos por una denuncia que se presentó en su contra en el TCE y por una reunión que mantuvo con la canciller Gabriela Sommerfeld, por invitación de la secretaria de Estado, y con el ministro del Interior, John Reimberg, en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
García solicitó a los jueces Fierro, Sánchez y Serrano que nieguen el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, pues dijo que no ha existido un incumplimiento tratando de evadir la medida, sino que existen justificativos para lo ocurrido. Además, pidió a los magistrados que se haga un llamado de atención a la Fiscalía y a la acusación particular por no observar detalles como los expuestos en esta audiencia, antes de solicitar un cambio de medida hacia la prisión preventiva.
En el caso del procesado Cevallos, su defensa no entiende el porqué del pedido de Fiscalía para que se revise la medida de presentación periódica y en su lugar se ordene prisión preventiva, si él ha cumplido todas las presentaciones definidas e incluso asistió de manera presencial a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
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El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Alarcón pidió que sean llamadas a juicio como autoras del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que seis personas más fueron acusadas en calidad de coautoras de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diesel. Con base en las pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.
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A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.
El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A.
Los jueces Christian Fierro, Jorge Sánchez y Carlos Serrano, de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado a cargo del caso Triple A, en su instalación convocada para las 16:30 de este lunes, 29 de septiembre, darán a conocer la decisión oral que tomen. (I)
