CNE no pudo dar respuesta al recurso de corrección presentado por el movimiento Unidad Popular
La falta de votos y acuerdos entre los consejeros, el Consejo Nacional Electoral (CNE), no pudo dar respuesta al pedido de corrección presentado por el movimiento Unidad Popular (UP), a fin de revertir la decisión del máximo organismo electoral de cancelar definitivamente su inscripción.
El propósito de la organización política de la lista 2 es que el pleno del CNE revise y corrija su resolución adoptada el 26 de abril pasado.
La presidenta del CNE, Diana Atamait, convocó para este sábado 2 de mayo al pleno para dar respuesta a la petición del dirigente Giovanni Atarihuana. La sesión se instaló pasadas las 19:30, y demoró 45 minutos.
La sesión estuvo crispada por sarcasmos entre los consejeros Elena Nájera y José Merino, sobre privilegios obtenidos en su condición de suplente, y además Nájera recordó que tanto Merino como la consejera Diana Atamait, fueron recusados en este caso, por lo que no deberían participar en la reunión. La observación no fue tomada en cuenta.
Diego Analuisa, director nacional de asesoría jurídica del CNE, presentó un informe donde recomienda al pleno negar la petición de corrección presentada por el señor Giovanni Atarihuana Ayala, director nacional y representante legal del Partido Unidad Popular, lista 2, en contra de la resolución del 26 de abril de 2026, adoptada por el pleno del Consejo Nacional Electoral, por cuanto se ha determinado que la resolución es clara, completa, legítima y congruente, está pegado al ordenamiento jurídico vigente, no es de oscura, y ha resuelto todos los puntos sometidos a su consideración, por lo que goza de las presunciones de legalidad y legitimidad, dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales legales y reglamentarios que rigen la administración electoral en derechos de participación política.
La consejera Elena Nájera, votó en contra del informe jurídico sobre la petición de corrección en vista de que la resolución tomada por el CNE se toma dentro de un contexto de alta tensión política y además una decisión de cancelar una organización política incide directamente en el derecho de participación democrática.
En tanto, el consejero José Merino, votó a favor del informe que niega la petición de corrección. Dijo que la historia de Unidad Popular tiene larga dada, en octubre de 2012 el Movimiento Popular Democrático (MPD), se inscribió en el registro electoral con 173.523 afiliados; posteriormente, en julio de 2014 el MPD fue cancelado y por ello, se liberaron todas esas firmas en el CNE. Luego, en octubre de 2005 se crea el movimiento Unidad Popular, lista 2, con 33.248 adherentes permanentes.
En octubre de 2018, por mandado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS), se revive el MPD, pero solo el nombre no con los afiliados. Es decir, desde 2018 había dos organizaciones: el MPD con cero afiliados y Unidad Popular con 33.248 adherentes. Cuando en junio de 2020 se produce la fusión del MPD y Unidad Popular no se podía revivir las firmas que fueron liberadas en el 2014. Lejos de crecer UP, disminuyó el número de adherentes, tal es así que para marzo de 2026, cuanto inició el proceso existían 30.015 afiliados, lo que evidencia que desde el 2015 se desafiliaron 3.233 personas. Dónde están los afiliados que dicen tener, preguntó Merino.
Diana Atamaint, al votar a favor de negar la petición de corrección presentada en contra de la resolución de cancelación de Unidad Popular, dijo que lo hace dado que es clara, completa, legítima y congruente. Está apegada al ordenamiento jurídico vigente, no es oscura, y ha resuelto todos los puntos sometidos a su consideración, por lo que goza de las presunciones de legalidad y legitimidad.
El consejero José Cabrera se pronunció en abstención, en vista que en la resolución del 26 de abril sobre la cancelación de la UP, votó en abstención por considerar que se debió notificar previamente a la organización sobre el número de afiliados necesarios y otorgarle un tiempo legal para cumplir con el requisito. Además, dijo que el informe presentado por asesoría jurídica no presenta los elementos suficientes para asegurar el cabal cumplimiento normativo y proporcione certeza de que las actuaciones administrativas estén debidamente motivadas y no vulneren derechos fundamentales.
La secretaría del CNE, certificó que hubo dos votos a favor del informe jurídico, una abstención y un voto en contra; por lo tanto, no se adopta ninguna resolución.
La presidente del CNE, Diana Atamaint, suspendió la sesión, pero conminó a los consejeros que el CNE debe tomar una resolución, porque no puede quedar sin respuesta. (I)
