Diez mujeres resisten en huelga de hambre frente a la cárcel de Zona 7
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Cuatro esposas, tres familiares, dos hijas y una madre. Diez venezolanas resisten a las puertas del Centro de Control y Resguardo, conocido como Zona 7, donde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodia a presos políticos de la dictadura chavista. Estas mujeres se unieron en la madrugada del sábado a la huelga de hambre que prisioneros comenzaron el viernes después de que el régimen bolivariano no cumpliera la promesa de aprobar la Ley de Amnistía y liberar a "todos" los presos. Otra mentira más de una revolución que vive de ellas.
"Ya basta de tanta burla, tanto chantaje y tanta manipulación. Todos los presos políticos libres ya, y con libertad plena. Cumpla su promesa, Jorge Rodríguez [hermano de la presidenta encargada y jefe del órgano legislativo chavista]. ¿Qué quiere, que nos muramos todas aquí afuera y arriba [por el interior de la cárcel] también? Va a ser el total responsable de lo que vaya a pasar", exigió Yessy Orozco, una de las huelguistas, hija del diputado Fernando Orozco y hermana de Brayan, también encarcelado.
El diputado, chavista disidente, fue detenido el año pasado junto a buena parte de su familia, no sólo su hijo. Orozco se encontraba en la clandestinidad, como casi toda la dirigencia de la oposición real. Los agentes gubernamentales también se llevaron a su esposa y a su ex pareja, una estrategia habitual de la revolución, que embiste contra familias enteras como método ejemplarizante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a toda la familia.
Junto a Yessy permanecen en huelga de hambre, en condiciones físicas muy precarias, Sandra Rosales, Narwin Gil, Sachareth Torres, Yaxzodara Lozada, Carolina Carrizo, Mileydi Mendoza, Mariana Escalona, Nelsy Escorcia y Evelin Quiaro. Varias de ellas son familiares de agentes de la PNB y de la contrainteligencia militar encarcelados por cuestiones políticas, así como del dirigente Omar Torres, perteneciente a Convergencia, partido que forma parte de la Plataforma Unitaria, coalición de partidos opositores liderada por María Corina Machado.
Varias mujeres han necesitado asistencia médica tras sufrir desmayos; incluso se las han aplicado sueros por vía intravenosa. Por lo que conocen de lo que ocurre dentro de la cárcel, al menos tres presos también presentan condiciones físicas alarmantes.
Por si todo esto fuera poco, agentes de la PNB hostigan a las mujeres e incluso las amenazan con ser detenidas si persisten en su protesta, encorajinados porque ellas consiguieron a un médico dispuesto a atender a los presos debilitados.
"Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia. No se necesita una ley para liberar a quien fue encarcelado injustamente. Se necesita la decisión de hacerlo, sin dilaciones", subrayó Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024.
Son precisamente los presos militares y policiales quienes peor lo tienen, según el borrador de la Ley de Amnistía que ultima el chavismo de los hermanos Rodríguez. Según el Foro Penal, 185 militares permanecen en distintos centros de reclusión, en especial Ramo Verde, Rodeo 1 y la propia Zona 7.
"Que todo el país tenga presente que la dictadura no ha liberado a los militares y policías metropolitanos [en prisión desde 2002]. Los mantienen excluidos del proceso de excarcelaciones. Sometidos a las peores torturas, tratos crueles, aislamiento y desaparecidos en olvido total", corroboró el dirigente nacional de la Plataforma Andrés Velásquez, quien ha regresado a la acción política tras 17 meses en la clandestinidad.
Se espera que el proceso para aprobar la Ley de Amnistía se recupere el próximo jueves, después de los días de Carnaval, que siempre paralizan al país criollo. El proyecto avanzado por el chavismo está lleno de trampas y deficiencias, no sólo contra los uniformados, también para impedir el regreso del exilio de los principales líderes de la oposición.
"No sólo es insuficiente, sino profundamente engañosa. No garantiza la libertad plena de todos los presos políticos, no asegura el fin de la persecución, no restituye derechos de manera integral. Y deja en manos de los mismos que encarcelaron y persiguieron la posibilidad de decidir quién merece o no recuperar su libertad. Eso no es justicia. Eso no contribuye a una verdadera transición", explicó la dirigente opositora Delsa Solórzano, reaparecida también tras año y medio en la clandestinidad.
Solórzano criticó la ley en un programa televisivo de la cadena privada Venevisión, que durante una década ha permanecido arrodillada frente a Nicolás Maduro. La líder de Encuentro Ciudadano, una de las principales dirigentes nacionales de la Plataforma, aprovechó la ventana abierta por la glásnost venezolana para describir la situación del país, pese a las preguntas de una periodista que parecía recién llegada en uno de esos ovnis de los que habló Barack Obama.