El largo brazo de la represión de Nicaragua en Europa

"Sabemos dónde está tu familia" y "traidora a la patria", decía en una nota escrita a la antigua, en máquina de escribir, que encontró una activista en el buzón de la organización para la que trabaja en Bruselas. Según cuenta a DW, poco antes había comparecido públicamente para hablar de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Por precaución, prefiere conservar el anonimato. Poco después, se vio apátrida de facto al no poder renovar su pasaporte, como  muchos cientos de nicaragüenses en el exilio.

De esto y de vías ocultas para financiar la represión da cuenta el reciente informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua (GHREN) ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

"La represión transnacional del Gobierno de Nicaragua tiene dos componentes: la recopilación de información para poder suministrar a la parte operativa de la red datos sobre sus objetivos. Luego, una vez identificado el objetivo con precisión, se diseñan los distintos métodos de represión: vigilancia, amenazas, acoso y, en algunos casos, violencia física, como se ha documentado sobre todo en Costa Rica", explica a DW Jan-Michel Simon, integrante del GHREN, que inició sus investigaciones en 2022. 

"Existe también abuso de mecanismos internacionales de cooperación en materia de justicia, como Interpol. Y, además, pueden darse castigos indirectos contra familiares en Nicaragua debido al comportamiento de personas que viven fuera", detalla Jan-Michel Simon. El largo brazo de la represión del régimen de Managua opera en varios países de la Unión Europea. "La delegación de España, de manera oficial, lo incluyó en su discurso en el Consejo de Derechos Humanos", añade.  

Cuatro fases de una misma represión

El informe del GHREN puntualiza cuatro olas represivas. En abril de 2018, el descontento por las reformas al seguro social detonó protestas masivas. Desde entonces, la persecución a la oposición política se amplió a la Iglesia Católica. Y a partir del 2023, el sistema represivo se expandió fuera del país. 

"Otra práctica represiva consiste en acciones dentro de Nicaragua que afectan a quienes están en el exterior: la confiscación arbitraria de pensiones, dejando a las personas sin recursos económicos para sobrevivir. También se utilizan mecanismos de inmovilización, por ejemplo, negando la renovación de pasaportes", agrega Jan-Michel Simon.  Y aquí no se trata solamente de las 452 personas que fueron privadas de nacionalidad por haber sido declaradas "traidores a la patria".

El caso de Winney

"Mi caso es paradigmático", cuenta a DW, desde Ginebra, Winney Bernard. "En 2018, colaboraba ya con la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE) y vine a hablar de Nicaragua. Cuando quise volver, fui desterrada", agrega. Por temor a represalias, su familia abandonó también el país con destino a Panamá. Pero la historia no acaba ahí.

"En 2022, siendo responsable de programas para América Latina de RIDHE, intenté conseguir mi partida de nacimiento, pues se había vencido mi pasaporte. En la oficina municipal, dijeron que mi nombre no figuraba en los registros públicos. Mi situación como apátrida había comenzado", afirma. 

Es más, su organización se enfrenta incesantemente a ello. "En 2022, comenzamos el programa Educación en Emergencia, que busca restituir a los jóvenes el derecho a la educación que no pueden tener en Nicaragua, porque hay 37 universidades cerradas, porque los estudiantes han sido expulsados y sus historiales borrados. Y se les niega una apostilla para su documentación", ilustra Winney Bernard.

Financiación de la represión

Según el informe, a cinco millones de dólares ascendió el costo logístico de los dos primeros meses de la llamada "Operación Limpieza" en 2018. Estos fondos se destinaron a financiar a grupos armados progubernamentales y salieron de partidas municipales que estaban asignadas tanto a acciones de sanidad como de asistencia social. 

"No hablamos del sistema regular de represión en el presupuesto del Estado. Estamos hablando de operaciones encubiertas de represión, ejecutadas por actores que operan de manera clandestina y en el marco de operaciones paraestatales. Para esto se movilizan fondos no destinados formalmente a los aparatos de seguridad", afirma Jan-Michel Simon.

A partir de ahí, también en la represión transnacional operan actores clandestinos en los países de acogida, en el contexto de una amplia red de vigilancia e inteligencia a través de tecnologías digitales avanzadas. El acoso en línea del que se encargan granjas de trols y redes de bots incluye doxing (publicación de información privada), amenazas de muerte y acusaciones de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Callar a familias históricas 

Por terrorismo precisamente se condenó al coronel Carlos Brenes, fundador en 1994 del Grupo Patriótico de Militares Retirados junto al recientemente asesinado Roberto Samcam. Desde ese grupo opositor, Brenes apoyó las movilizaciones del 2018. Excarcelado un año después, pasó hasta agosto de 2025 bajo control policial constante y con la obligación de enviar regularmente fotos por Whatsapp pegado a la pared de su casa.

"Desde su nueva detención arbitraria, hace siete meses, no ha habido notificación formal sobre dónde están él y su esposa, ambos de la tercera edad y vulnerables", explica a DW, desde Países Bajos, Thelma Brenes, quien llevó el caso de su padre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "La detención arbitraria y la desaparición forzada de familias completas se ha convertido en un mecanismo de represión común del régimen", agrega.

¿Por qué desaparecer a Carlos Brenes en prisión? ¿Es para enmudecer a otra histórica figura de la oposición o para amedrentar a su hija en el exilio? "Es para callarnos a los dos", responde Thelma Brenes y añade que esta nueva ola de represión ha logrado que las familias, debido a las amenazas, no reporten las desapariciones.

En cualquier caso, "nuestras conclusiones son una llamada de alerta. Tanto a la Unión Europea como a los Estados que continúan financiando proyectos, por ejemplo, de asistencia social. Advertimos que echen un ojo con más precisión a la rendición de cuentas al realizar sus evaluaciones de gasto", advierte Jan-Michel Simon. Y concluye: "Este informe sobre Nicaragua aborda por primera vez la relación entre corrupción y violaciones de derechos humanos de manera directa".  

(rml)