Fermaca Dreams: ¿del sueño a la corrupción?

El desembarco en 2014 de la firma suiza Partners Group en el capital de Fermaca, de los hermanos Fernando Calvillo Álvarez y Manuel Calvillo Álvarez, fue leído, en su momento, como una validación internacional a un modelo de negocio que había crecido al amparo de contratos estratégicos en el sector energético mexicano. Sin embargo, detrás de esa narrativa de sofisticación financiera y expansión industrial, persisten testimonios que apuntan a prácticas corporativas opacas por parte de los Calvillo.

El repunte de los precios de fertilizantes, con incrementos de más de 50% en insumos como la urea, según el más reciente informe del Banco Mundial, ha ejercido presión sobre uno de sus proyectos estratégicos. En ese escenario, el complejo anunciado por Fermaca en Durango, promovido directamente por Manuel y Fernando Calvillo, se perfilaba como una pieza clave para reducir importaciones y aliviar costos al campo mexicano. No obstante, a más de un año del anuncio de una inversión de 3 mil 700 millones de dólares para producir 600 mil toneladas anuales, no existe avance físico alguno. Pese a que el gobierno estatal, encabezado por Esteban Villegas Villarreal, comprometió recursos públicos en forma de terrenos, el proyecto sigue siendo una promesa. En los hechos, Fermaca no ha dado inicio a las obras.

La falta de ejecución no puede explicarse únicamente por factores regulatorios. Si bien se han mencionado trámites pendientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Alicia Bárcena, fuentes cercanas al proyecto sostienen que el retraso responde también a decisiones internas y a un historial de prácticas cuestionadas en la gestión de los propios Manuel y Fernando Calvillo. Más aún, en medio del alza global de fertilizantes, distintas versiones apuntan a que el anuncio del proyecto terminó funcionando más como un instrumento para los Calvillo, quienes anunciaron sus planes en Palacio Nacional. Bajo esta lectura, lo que se presentó como solución estructural para el campo mexicano habría derivado en una narrativa que, en los hechos, terminó por engañar al gobierno federal.

Fuentes cercanas a operaciones previas de Fermaca describen un patrón de triangulación de recursos orquestado por los hermanos Calvillo en detrimento de sus socios internacionales. Uno de los casos más delicados involucraría a Sicim Pipeline, firma que habría participado como contratista en proyectos vinculados a Fermaca. De acuerdo con versiones recabadas, los contratos eran adjudicados con sobreprecios sistemáticos, lo que inflaba artificialmente los costos de obra. El diferencial regresaba, presuntamente, a manos de los Calvillo mediante vehículos corporativos paralelos.

En ese entramado aparecen empresas como BCYSA Servicios Industriales, señaladas como posibles canales de retorno de recursos. El esquema descrito sugiere una ingeniería financiera orientada a extraer valor incluso cuando la participación mayoritaria correspondía a inversionistas extranjeros. De confirmarse, esto implicaría algo más que conflicto de interés.

En conjunto, el caso Fermaca no solo refleja un proyecto detenido, sino una oportunidad perdida que, en medio de la crisis de fertilizantes, hoy podría estar beneficiando a millones de familias dedicadas a la agricultura en México.

MADRUGUETES

Moyá Moyá se declara culpable

José Luis Moyá Moyá fue sentenciado por un juez de la Ciudad de México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un proceso que se resolvió por la vía abreviada tras la aceptación expresa de los hechos. La pena fijada fue de tres años nueve meses de prisión y una multa de 750 días. Según la reconstrucción judicial, entre 2018 y 2023, Moyá Moyá realizó reiteradamente operaciones bajo esquemas de triangulación, con depósitos a cuentas de su madre y transferencias posteriores hacia cuentas personales, en un patrón que la autoridad consideró consistente. El expediente también incorpora el contexto de su actividad pública: durante años, Moyá Moyá se presentó como asesor en transparencia y combate a la corrupción, gestionando solicitudes de información. Según la resolución, parte de esa información habría sido utilizada posteriormente para obtener beneficios económicos indebidos mediante presiones a particulares.

Arca Continental destaca en índice MILA 

Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna, y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, logró su séptima inclusión consecutiva en el Dow Jones Best-In-Class MILA Pacific Alliance, un indicador que no concede espacios por inercia sino por consistencia en métricas ambientales, sociales y de gobernanza. En un entorno donde los inversionistas institucionales afinan cada vez más sus filtros ESG, mantenerse en este índice implica disciplina operativa y una integración real de la sostenibilidad en el modelo de negocio, no solo narrativa corporativa. El uso de resina reciclada en empaques, el incremento en energía renovable y el alcance social de sus programas fueron los temas que más aportaron para ser incluídos en dicho índice. Así, Arca Continental no solo fortalece su perfil ante inversionistas globales, sino que consolida una posición que podría traducirse en resiliencia operativa y acceso a capital en mejores condiciones en los próximos ciclos.

Créditos digitales sin control

El auge de las aplicaciones de préstamos en México ha dejado de ser solo un fenómeno fintech para convertirse en un foco de riesgo social con plataformas que prometen liquidez inmediata, pero que terminan por ser esquemas de presión y uso indebido de datos personales. En ese contexto, el senador de Morena, Armando Ayala Robles, puso sobre la mesa del Senado una iniciativa que busca regular este mercado gris y frenar prácticas de extorsión digital, particularmente las asociadas a los llamados “montadeudas”. La propuesta no solo contempla mayor supervisión a estas aplicaciones, sino también ajustes al sistema de información crediticia, como eliminar el registro en Buró para adeudos menores a 10 mil pesos, y criterios diferenciados para sectores como el rural. El planteamiento reconoce un problema real, pero también abre la puerta para que el Estado regule un ecosistema financiero digital que, hasta ahora, ha crecido más rápido que cualquier intento de control.

POR LAURA PUENTE

COLABORADORA

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