La ‘Ley Serrano’ llega a la Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza a reunir los argumentos con los que resolverá uno de los casos más delicados sobre libertad de expresión e inteligencia artificial en México.
Al expediente de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la llamada ‘Ley Serrano’, se sumó ahora un amicus curiae presentado por la organización Artículo 19, que solicita invalidar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí.
Para la organización, el problema no es regular el uso de la Inteligencia Artificial, sino que la redacción de esos delitos permite perseguir penalmente expresiones críticas, periodísticas, satíricas, artísticas o de interés público. Advierte que la reforma carece de precisión técnica y conceptual, pues no define con claridad qué debe entenderse por Inteligencia Artificial, contenido sintético o contenido artificialmente generado, además de utilizar conceptos ambiguos como “alarma pública”, “paz social”, “confianza pública en las instituciones” o “seguridad del Estado”, sin establecer criterios objetivos para determinar cuándo realmente se producen esas conductas, una falta de claridad que, sostiene, vulnera los principios de legalidad.
En el documento entregado a la Suprema Corte, Artículo 19 también señala a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y a la Guardia Civil Estatal, así como al diputado Héctor Serrano Cortés, del Verde Ecologista e impulsor de la reforma, al advertir que fueron estas autoridades y actores políticos quienes promovieron las denuncias que dieron origen a los procesos penales contra periodistas y comunicadores.
En este espacio dimos seguimiento a las denuncias promovidas por la senadora Ruth González, que derivaron en la detención de la periodista Eréndira Reyes Aguillón, directora de San Wicho Times; de Alejandra Hermosillo Reyes y de Christian Herrera, director de Código Rojo, quienes recuperaron su libertad, aunque continúan sujetos a proceso penal, a esos casos se suman las denuncias presentadas por el diputado Héctor Serrano Cortés contra Juan Pablo Moreno Rodríguez, director del portal La Noticia, y su hijo Juan Pablo Moreno, quienes también enfrentan investigaciones.
Todos estos expedientes han sido señalados por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión como ejemplo del uso de una ley a modo.
La indignación por la llamada ‘Ley Serrano’ sigue generando reacciones. Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de la libertad de expresión tomaron el Congreso de San Luis Potosí para exigir la derogación de la reforma. Pese a la presión pública, el Legislativo aplazó de nuevo su revisión y mantuvo vigentes los artículos hoy impugnados ante la Corte. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la regulación de la Inteligencia Artificial debe discutirse a nivel nacional, anunció que la llamada Ley Serrano será revisada a fondo y reiteró que ninguna legislación debe atentar contra la libertad de expresión.
El desafío para las ministras y los ministros no será decidir si la Inteligencia Artificial debe regularse, porque esa discusión ya existe en distintas democracias del mundo.
El verdadero reto será definir cómo hacerlo sin abrir la puerta a la censura ni criminalizar el ejercicio periodístico. Los contenidos manipulados, la desinformación y los deepfakes representan un problema real que exige reglas claras, pero esas reglas deben construirse con definiciones precisas y salvaguardas suficientes para evitar que una crítica, una investigación o una sátira puedan convertirse en un delito.
Lo que resuelva la Suprema Corte puede convertirse en el precedente que defina el equilibrio entre la regulación de la Inteligencia Artificial y la protección de la libertad de expresión en México.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
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