Morena dinamita el Federalismo
Morena ha perpetrado un duro golpe contra el federalismo mexicano. Un atentado consumado con mayoría fabricada, alianzas inverosímiles y la coartada retórica de la austeridad republicana. Estuve en esa tribuna y argumenté en contra. La reforma al artículo 116, fracción II, de la Constitución establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Un número que suena técnico, que parece neutro, que se presenta como razonable. Pero que en realidad no es ninguna de esas cosas. Es un número arbitrario.
No existe en la exposición de motivos un solo estudio que justifique por qué ese porcentaje y no otro. No hay análisis de mediana nacional. No hay diagnóstico del impacto en la capacidad fiscalizadora de los congresos. No hay evaluación diferenciada por tamaño poblacional, complejidad administrativa o carga legislativa. Solo hay un número, presentado como verdad técnica cuando en realidad es una decisión política sin respaldo empírico.
Y lo más grave: ese número uniforme se aplica por igual a Baja California y a Tlaxcala, a Jalisco y a Colima, a la Ciudad de México y a Campeche. Como si fiscalizar el gasto de un estado con quince millones de habitantes fuera la misma operación que fiscalizar el de uno con ochocientos mil. La uniformidad forzada sobre realidades radicalmente distintas no es equidad. Es la imposición del promedio como instrumento de control.
Ante ese escenario, presenté una propuesta alternativa sustentada en tres principios proporcionalidad, suficiencia y protección de la función fiscalizadora. La propuesta era concreta. En lugar del porcentaje fijo, expuse que las constituciones locales establecieran criterios objetivos de proporcionalidad considerando el volumen poblacional de la entidad, la complejidad de su estructura administrativa y la carga de trabajo legislativa y de fiscalización.
Propuse que ninguna reducción presupuestal pudiera afectar el presupuesto de los órganos técnicos de auditoría y fiscalización a cargo de la legislatura. Y propuse que cualquier modificación extraordinaria al presupuesto legislativo requiriera la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la propia legislatura, cerrando la puerta a reducciones discrecionales producto de mayorías circunstanciales o acuerdos entre el ejecutivo estatal y la bancada que lo respalda.
También propuse un transitorio que obligaba a cada legislatura a publicar, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del decreto, un diagnóstico presupuestal motivado que justificara su asignación de recursos conforme a criterios técnicos objetivos.
No un número impuesto desde el centro. Un argumento construido desde cada realidad local, verificable, público y sujeto a escrutinio ciudadano. No fue aceptado. La mayoría decidió que el porcentaje era suficiente, que la uniformidad era más cómoda que la proporcionalidad, que era preferible un número que no requiere explicación a un criterio que obliga a justificarse. Y esa decisión, en sí misma, dice más sobre los objetivos reales de este atentado legislativo que cualquier exposición de motivos.
Se ha invocado en este debate el principio de austeridad republicana con una insistencia que merece ser confrontada con los hechos ¿cómo creer en la austeridad de un gobierno que derrocha dinero en proyectos de infraestructura caprichosos que han resultado mortales y que además consintió el huachicol fiscal para promover candidaturas y enriquecer a sus favoritos?
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
X: @lorenapignon_
MAAZ
