Plan B: municipios bajo la lupa
En México, hay alcaldes que pueden ganar hasta 139 mil pesos mensuales. Es el caso de Manuel Salcedo, presidente municipal de Acaponeta, Nayarit, un municipio de poco más de 38 mil habitantes, donde la economía gira en torno al campo, la ganadería y la pesca.
En el otro extremo están municipios de estados como Chiapas o Veracruz, donde los alcaldes apenas perciben entre 8 mil y 15 mil pesos al mes. No es solo una diferencia administrativa, es una brecha que exhibe cómo el mismo cargo puede significar realidades completamente distintas.
México tiene dos mil 478 municipios. En dos mil 51 se elige a sus autoridades por voto; el resto se rige por sistemas normativos internos. De esos municipios con elecciones, Morena, PT y PVEM gobiernan más de la mitad: mil 125 en total. La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— administra alrededor de 654, concentrados principalmente en entidades como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.
El poder en México no se construye en los discursos nacionales, sino en el territorio. En los municipios se opera todos los días: programas sociales, estructura política, movilización electoral. Ahí se ganan —o se pierden— elecciones. Pero también ahí se exhiben los excesos y las contradicciones. No es casual que ahora estén en la mira del llamado Plan B de la reforma electoral.
Un regidor puede ganar en promedio cerca de 30 mil pesos mensuales, aunque hay casos como Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde se aprobaron sueldos de hasta 69 mil. En la Ciudad de México, los 204 concejales rondan los 35 mil pesos al mes.
No hay criterios homogéneos. Cada municipio fija sus propias reglas, sus salarios y sus límites.
Eso explica por qué cualquier intento de reforma —como el Plan B— inevitablemente tocará intereses en el ámbito municipal. Porque es ahí donde el poder se ejerce sin reflectores, pero con efectos reales.
Morena domina el mapa municipal en buena parte del país; el PAN resiste en el Bajío y el norte; Movimiento Ciudadano se concentra en Jalisco y Nuevo León; el PRI conserva espacios en Coahuila y Durango. Cada quien con su territorio.
El municipio puede ser la base de la democracia… o el primer escalón de los abusos.
Ahí está “La Ley de Herodes”, una de las sátiras políticas más conocidas en México, dirigida por Luis Estrada, que retrata a un funcionario municipal que llega con buenas intenciones y termina corrompiéndose con el poder, entre la discrecionalidad, la falta de controles y el “aquí mando yo”.
Más que comedia, es un retrato incómodo de cómo funciona el poder local cuando no hay reglas claras ni vigilancia real, por eso sigue siendo tan vigente.
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EN CORTO.- En Ensenada, BC, el proyecto “Muelle 3” ya empezó a hacer ruido del incómodo. En la reunión pública donde la empresa Ensenada Cruiseport Village, S.A. de C.V. buscaba despejar dudas, terminó exhibiendo más huecos que certezas.
Laura Rodríguez, gerente comercial de la firma, no logró responder los cuestionamientos de fondo, mientras que Mónica Pérez Eguiz, directora de Participación Ciudadana y Atención Ciudadana del municipio, y Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, jefe de despacho de la Semarnat en Baja California, quedaron rebasados ante las críticas de especialistas, sobre todo por los riesgos en el Cañón Zapata y la falta de ingeniería de detalle.
Y mientras en lo local el proyecto hace ruido, me dicen que la decisión estará lejos de Ensenada. Las organizaciones ambientalistas buscarán que el expediente llegue a oficinas centrales de la Semarnat, encabezada por Alicia Bárcena, donde se tendrá la última palabra sobre un desarrollo que ya carga señalamientos serios. No sería la primera vez que algo así se para, ahí está el antecedente de Baja Bay Club en Cabo Pulmo, en Baja California Sur, frenado por el daño ambiental. Así que esto apenas arranca, pero se dice que el “Muelle 3” podría quedarse en promesa.
Nos vemos a las 8 por el 8 de TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SOFIGARCIAMX
PAL
