‘Reforma de rentas en CDMX no busca congelarlas, sino hacerlas justas’
Las reformas constitucionales para tener rentas justas y viviendas asequibles, planteadas por el Gobierno de la Ciudad de México, no busca regresar al régimen de congelar los pagos de alquiler, sino dar justicia a 2 millones de personas que están así, aclaró la fracción de Morena en el Congreso CDMX que impulsará la iniciativa.
En conferencia, el presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, recordó que una de cada cuatro familias en la capital del país renta; de acuerdo a los deciles bajos, las y los capitalinos tienen ingresos de entre 8 y 11 mil pesos mensuales, mientras que el alquiler promedio llegó a los 14 y 19 mil pesos en alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
“Vivir en la Ciudad de México ya no es sostenible para millones de personas, quienes tienen que abandonar sus colonias para irse a zonas periféricas colindantes con el Estado de México”, dijo el diputado.
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Explicó que el origen del problema inició cuando en el periodo del 2012 al 2018 se abandonó la política pública de vivienda en CDMX, se dejó de comprar suelo, de construir y los grandes consorcios se aprovecharon para cobrar rentas elevadas.
"Esta iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, deriva de un incremento por años de las rentas", mencionó.
Emilio Guijosa precisó que ante las distorsiones de la oposición, es necesario aclarar que la reforma no toca la normatividad de propiedad ni el traslado de inmuebles, “se ajusta únicamente el tema arrendatario para dar claridad a las partes y defender de abusos”.
La propuesta, reiteró, eleva a rango constitucional el derecho a rentas justas con cuatro ejes: “Establecer que las rentas no pueden subir por encima de la inflación del Inegi; reconocer el derecho al arraigo para evitar la expulsión de comunidades de sus barrios; crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, instancia única a nivel nacional que protege tanto al propietario como al inquilino y ampliar la reserva territorial para vivienda social”.
Reiteró que no hay expropiación, no hay control arbitrario, no se elimina el mercado, por el contrario, se corrige una falla que existía, donde se cometieron abusos y se alejaban a las personas de sus lugares de origen.
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Con esta reforma, el Estado garantiza que nadie se le expulse por no poder pagar y se busca acabar con el fenómeno de la gentrificación, puntualizó.
“Desde la jefa de gobierno Clara Brugada hay una política de vivienda muy ambiciosa. Este Congreso ha aprobado nueve mil millones de pesos en vivienda. Una inversión histórica”, dijo.
