Terrorismo de Estado contra niñas y abuelas en Venezuela
Actualizado
El horror amanece todos los días en Venezuela. Para todos, incluidas niñas y abuelas. A Samantha Sofía Hernández, estudiante de 5º de Bachillerato de 16 años, se la llevaron por la fuerza bruta agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la casa de sus abuelos en Caracas. Su padre está desaparecido desde enero, aunque se cree, como con su hija, que permanece en uno de los centros de detención de la dictadura.
El pecado de ambos es ser hermana y padre del teniente Cristhian Hernández, militar exiliado que sueña con la libertad de Venezuela. "Hago la denuncia pública del secuestro de mi hija y hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene. Se la llevaron sin ninguna orden de detención, sin orden de allanamiento. Hago responsables al gobierno y al ministro de Interior por los daños ocasionados a mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor. Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación", reclamó Ámbar Castillo, madre de la jovencita, en un vídeo publicado en redes en un acto de valentía.
Cabello, número dos de la revolución, no sólo está acusado de dirigir la represión dentro de Venezuela, también en el exterior con operaciones de terror transnacional. El teniente Hernández se encuentra exiliado en el extranjero, donde forma parte del llamado Ejército Libertador.
Las organizaciones de derechos humanos califican estos hechos como "sippenhaft", las represalias contra las familias (sobre todo militares) inventadas por los nazis y adaptadas desde hace una década por los hombres de Maduro, que se hace llamar "guerrero de la paz" por la propaganda gubernamental. Naciones Unidas ha incluido en sus informes testimonios desgarradores de hijas y madres torturadas y violadas durante sus detenciones clandestinas. Los agentes venezolanos fueron entrenados en Cuba para llevar a cabo este castigo contra las familias.
Así es el terrorismo de Estado del chavismo, no conoce límites ni morales ni de edad. A la doctora Marggie Orozco, de 65 años, la han condenado a 30 años de cárcel acusada de traición a la patria. Su delito fue quejarse amargamente en un audio de la falta de medicinas y de las condiciones sanitarias del país.
De Meryl Torres de Sequea, de 71 años, nada se sabe al día de hoy. La madre del capitán Antonio Sequea, quien liberó a Leopoldo López en 2019, acudió a la farmacia con su sobrina Zoris Gutiérrez, de 63 años, para comprar unas medicinas. Al día siguiente tenía visita programada para ver a su hijo en la cárcel del Rodeo 1, donde la DGCIM mantiene a los presos extranjeros y a quienes considera más duros. "Hombres encapuchados, vestidos de negro y con armas largas, se las llevaron hace dos meses. Uno de ellos dijo que era por orden de arriba y se identificó como un agente de la PNB (Policía Nacional Bolivariana), que es un brazo ejecutor de la DGCIM", describió a EL MUNDO Fátima Sequea, hija de la mujer secuestrada. La Comisión Interamericana acaba de otorgar medidas cautelares para las dos mujeres.
Las represalias también han llegado al interior del Rodeo 1, donde Sequea permanece en aislamiento desde hace 23 días, "aislado, desnudo y esposado con poca agua y comida en el llamado piso 5", desveló Fátima a este periódico.
Otra de las víctimas del "sippenhaft" es la hispanovenezolana María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde 2019 por ser hermana de otro militar rebelde, huido antes de que le detuvieran. La propia jueza que la condenó a 30 años de cárcel por traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir reconoció en la sentencia que fue detenida por "vinculación consanguínea".
"Encarcelar a familiares es una práctica cruel que busca castigar a inocentes y quebrar la esperanza de todos. ¿El mensaje? Nadie está a salvo y tenemos el poder y la impunidad para hacerlo", resumió Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
