Activistas cercanos a Trump abogan para que declare una emergencia nacional que le daría poderes extraordinarios de cara a las elecciones

El pasado 5 de febrero, agentes del FBI aparecieron por sorpresa en el condado de Fulton, en Georgia, con una orden de registro. Los agentes, preparados con sierras mecánicas y cizallas, incautaron durante la operación hasta 700 cajas que contenían todos los registros de las papeletas usadas en las elecciones presidenciales de 2020, así como documentación sobre los votantes. El presidente, Donald Trump, nunca ha admitido que perdió esas elecciones y ha alimentado todo tipo de teorías de la conspiración sobre un fraude masivo. Seis años después, de vuelta en la Casa Blanca y con las agencias federales a su servicio, el presidente movió ficha.

Que el FBI estuviera allí es de por sí suficientemente llamativo, y más al conocerse que el agente responsable de la oficina de Atlanta había dimitido días antes tras negarse a permitir esa incautación. Pero lo que resultaba inexplicable, y sobre todo indefendible en términos de competencia, es que junto a ellos estuviera Tulsi Gabbard, la ex congresista que ahora es directora de Seguridad Nacional. Gabbard no sólo acompañó a los agentes, sino que durante la operación llamó por teléfono a Trump y puso al presidente en modo manos libres para que hablara con ellos y les agradeciera su trabajo. Aquel escándalo no se ha apagado, pero ahora las piezas parecen encajar.

Este jueves, The Washington Post ha publicado una información sobre un grupo de activistas, vinculados a Trump y en contacto directo con la Administración, según ellos mismos, que está haciendo lobby y trabajando en la estrategia jurídica para que el presidente declare una emergencia nacional, lo que le daría poderes extraordinarios sobre las elecciones. La base para ello, sostienen, es que China habría interferido en las elecciones de 2020 y podría volver a hacerlo ahora, lo que exige medidas sin precedentes.

El pasado día 13, en un mensaje en sus redes sociales, el presidente, atacando a los demócratas por no aceptar sus propuestas de cambios legislativos para modificar los requisitos que cada estado tiene para registrarse y votar, dijo que él mismo había "investigado a fondo los argumentos legales aún no articulados ni examinados sobre este tema" y que presentaría "uno irrefutable muy pronto. Habrá identificación del votante para las elecciones de mitad de período, ¡lo apruebe o no el Congreso! Además, el pueblo de nuestro país insiste en la ciudadanía y en la prohibición del voto por correo, con excepciones por servicio militar, discapacidad, enfermedad o viaje", dijo entonces de forma algo confusa.

La mera posibilidad de que la Administración buscara poderes especiales amparándose en una posible injerencia china rezuma ironía, toda vez que una de las mayores obsesiones de Trump desde hace una década es lo que denomina el "Russia, Russia, Russia Hoax", la investigación precisamente sobre los intentos de Moscú de interferir en las elecciones de 2016, las que convirtieron al empresario neoyorkino en presidente. Esa investigación no concluyó que el Kremlin hubiera logrado el objetivo o que el resultado de las elecciones no hubiera sido limpio, sino que Putin tenía un favorito y que varios colaboradores del presidente tenían vínculos irregulares con Rusia, por los que alguno fue incluso condenado.

"Según la Constitución, son las legislaturas y los estados quienes realmente controlan cómo un estado lleva a cabo sus elecciones, y el presidente no tiene ninguna facultad para hacerlo. Pero aquí tenemos una situación en la que el presidente es consciente de que hay intereses extranjeros que interfieren en nuestros procesos electorales. Eso provoca una emergencia nacional que el presidente debe poder gestionar", explica en el diario de la capital Peter Ticktin, uno de los responsables de ese grupo de activistas trumpistas que abogan, en un documento de 17 páginas que circula por la capital, a favor de una declaración de emergencia.

Ticktin, un abogado de Florida, no es alguien ajeno a la Administración. Fue compañero del propio Trump en la Academia Militar de Nueva York; formó parte del equipo legal que presentó una demanda en su nombre contra Hillary Clinton o en 2022, acusando a los demócratas de conspirar para perjudicarlo con acusaciones de que su campaña de 2016 coludió con Rusia; y, además, forma parte del equipo legal que asesora a Tina Peters, una ex funcionaria del condado de Mesa, en Colorado, que cumple condena por el robo de equipos de votación con los que quería demostrar que Trump había ganado las elecciones en 2020. En diciembre, el presidente anunció un indulto a Peters, pero no es válido, ya que está condenada por delitos estatales, no federales. Lo que no ha impedido que ejerza una presión fortísima sobre las autoridades locales y que hable de ella muy a menudo.

Ticktin no sólo sostiene que China intentó robar las elecciones. En recientes declaraciones, entrevistas y podcasts, ha sostenido que la parte más importante de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro no era el petróleo, las drogas o la estabilidad en la región, sino... el fraude en las elecciones de 2020. Los vínculos con Venezuela se producirían a través de la compañía Smartmatic, fundada allí y cuyo software, según él y sus socios, se utilizó para manipular elecciones en las máquinas de votación de Dominion que se usan en Estados Unidos.

A finales de 2020, los abogados de Donald Trump redactaron un borrador de orden ejecutiva que habría ordenado al secretario de Defensa confiscar las máquinas de votación que el presidente consideraba que habían sido manipuladas. La orden nunca se llegó a dar, pero hace unas semanas en una entrevista el presidente dijo que lamentaba no haberlo hecho.

Esa emergencia nacional es la que da sentido a la presencia de Tulsi Gabbard en la operación de Georgia. Ella no tiene competencias ni en la investigación ni en el proceso electoral en sí, pero su agencia, cuya labor es coordinar y supervisar a todas las agencias de espionaje del país, tiene la responsabilidad formal de prevenir una posible interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses. Una de las obsesiones del presidente, y de Gabbard y Ticktin, son las máquinas que muchos estados usan para votar. En el último año, Gabbard ha instado a su oficina a investigar más a fondo los sistemas de votación y, de la mano de un fiscal federal, su equipo confiscó máquinas de votación en Puerto Rico el año pasado para examinarlas en busca de vulnerabilidades.

Entre los activistas que están difundiendo el documento que pide la orden ejecutiva está también Jerome Corsi, un conocido trumpista que destacó en las conspiraciones que aseguraban que Barack Obama no era ciudadano estadounidense. En su momento, el fiscal especial Robert S. Mueller III investigó a Corsi como un posible vínculo entre WikiLeaks y Roger Stone, asesor de Trump durante la campaña de 2016 en la que Hillary Clinton acabó señalada por sus emails.

El memorando que circula por la capital reconoce que nunca ha habido un estado de emergencia de la Casa Blanca en materia electoral, pero apunta a una orden ejecutiva de 2018 que declaró un estado de emergencia para imponer sanciones a "entidades extranjeras que atacaran la infraestructura electoral", durante la presidencia del propio Trump. Biden extendió ese estado de emergencia, y en 2024, el Departamento del Tesoro lo usó para sancionar a entidades iraníes y rusas.