Alberto de Mónaco se niega a tramitar una ley del aborto en el Principado en un choque frontal con la soberanía nacional

No es ni mucho menos habitual que un monarca en la Europa del siglo XXI se niegue a aceptar la voluntad de la soberanía nacional. Pero eso es justamente lo que acaba de suceder en el Principado de Mónaco, provocando un choque institucional insólito. Y es que su soberano, Alberto II, ha decidido hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en el diminuto país mediterráneo.

El asunto arrancó el pasado 15 de mayo, cuando el Consejo Nacional -la Asamblea monegasca, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal- dio un paso histórico al aprobar, con 19 votos a favor y sólo dos en contra, un proyecto de ley para la despenalización de la interrupción del embarazo. Tal como estipula la Constitución, a continuación el texto pasó al Gobierno principesco, que ha tenido seis meses para estudiarlo, debatir posibles enmiendas y adoptar una decisión. Y la tomada ha sido recibida como un jarro de agua fría por parte de los representantes electos. Y es que, días atrás, Alberto II, en virtud de sus poderes legales, durante una reunión con su Ejecutivo, encabezado por el ministro de Estado Christophe Mirmand, impuso su negativa a que el proyecto de ley continuara su tramitación para convertirse en norma. El Gobierno comunicó a continuación al presidente del Consejo Nacional, Thomas Brezzo, que la Roca seguirá siendo uno de los pocos países europeos donde el aborto no es legal.

Mónaco, a diferencia por ejemplo de España y de la mayoría de las naciones coronadas que hay en el Viejo Continente, no es una Monarquía parlamentaria, sino una Monarquía constitucional. Igual que lo era, sin ir más lejos, nuestro país con Alfonso XII o Alfonso XIII. Esto significa que la Carta Magna establece que el príncipe soberano comparte el poder legislativo con el Consejo Nacional. Y el derecho de intervención y de veto del monarca en lo que a las leyes se refiere es por tanto casi ilimitado.

La sorpresa saltó cuando, en vísperas de la Fiesta Nacional, Alberto II explicó en una entrevista al diario Monaco-Matin su postura sobre este asunto tan delicado: "Entiendo la sensibilidad de este tema, la emoción que puede suscitar y los dolorosos recuerdos que puede evocar en algunos. El aborto ya ha sido un tema importante en Mónaco. En 2009 y 2019, el Gobierno y el Consejo Nacional encontraron un equilibrio que respeta nuestra identidad fundamental, nuestra Constitución y a las mujeres afectadas. (...) Mantuvimos una larga reunión con el Gobierno en Palacio y les pedí que informaran al Consejo Nacional de que su proyecto de ley no se tramitará", expuso.

El soberano hacía referencia a la regulación que se adoptó en 2019, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, de enfermedad o malformación fetal irreversible, así como si la vida de la madre corre peligro. Para el resto de supuestos, la interrupción del embarazo es ilegal, y los profesionales que intervinieran en ello podrían ser procesados penalmente.

Desde entonces, el debate ha estado presente en la nación. Y, en otoño del año pasado, el Consejo Nacional envió un cuestionario a los casi 8.000 monegascos con derecho a voto sobre diferentes cuestiones claves que afectan a sus vidas, que fue respondido por casi el 40% de ellos. Y no pasó desapercibido que ocho de cada 10 ciudadanos expresaran su deseo de legalizar el aborto. Fue lo que llevó a los representantes electos a poner en marcha la maquinaria legislativa, hasta aprobar el mencionado proyecto de ley que pretendía autorizarlo hasta las 12 semanas de embarazo, además de ampliar la legalidad hasta las 16 semanas en casos de violación y reducir a los 15 años la edad del imprescindible consentimiento paternal para dar un paso tan difícil.

El catolicismo, religión de Estado

En la decisión del príncipe Alberto han pesado tanto sus convicciones personales como el hecho que suele pasarse de que en Mónaco el catolicismo sigue siendo religión de Estado. La Constitución garantiza la libertad de culto y el respaldo a todas las confesiones, pero la Iglesia católica está indisolublemente ligada a la identidad nacional. De hecho, representantes de la Santa Sede han presionado en los últimos meses para que el Principado no diera luz verde a esta ley. En Europa, los dos países donde la interrupción del embarazo es ilegal en todas las circunstancias son el Vaticano y Andorra, este otro principado, como Mónaco, con la peculiaridad de contar con dos jefes de Estado como copríncipes, uno el presidente de turno de la República francesa, y otro el obispo de la Seo de Urgell.

Con todo, en el glamouroso reino de los Grimaldi está más que extendida la sensación de que domina un doble rasero. Los miembros de la Asamblea lo subrayaron en mayo cuando expresaron que su proyecto de ley buscaba poner fin a "una situación hipócrita". "Ya no podíamos hacer la vista gorda cuando una joven, cuyo sufrimiento es ignorado, cruza la calle para abortar". Con estas palabras, Brezzo justificó la tramitación. "Diez años después de la despenalización parcial del aborto, sentimos que no habíamos cumplido plenamente con nuestro deber. No plenamente, porque es en el sutil matiz de la palabra parcial, asociada a la despenalización, donde reside una ambigüedad, una injusticia y, francamente, una auténtica hipocresía", añadió sin ambages. Se refería al hecho habitual de que las mujeres monegascas que se enfrentan a la tesitura acaban dirigiéndose a centros de Francia para sortear la prohibición local.

No es la primera vez en tiempos modernos que un monarca europeo se enfrenta como jefe de Estado a un conflicto entre su papel institucional y sus problemas de conciencia a propósito de asuntos de naturaleza tan sensible. El episodio más célebre tuvo lugar en 1990 cuando el rey Balduino de los belgas fue incapacitado durante 36 horas como estratagema legal para sortear la crisis que supuso su negativa a firmar una ley del aborto.

Más recientemente, en 2008, un sobrino suyo, el gran duque Enrique de Luxemburgo, provocó una gran crisis institucional cuando advirtió de su negativa a firmar la ley para despenalizar la eutanasia que entonces tramitaba el Parlamento, invocando convicciones profundas, ya que es un ferviente católico practicante. El entonces primer ministro, el socialcristiano Jean-Claude Juncker, tuvo que ponerse manos a la obra para sacar adelante en tiempo récord una reforma constitucional por la cual desde ese momento el gran duque dejó de sancionar las leyes, limitándose su función a refrendarlas. De ese modo, Enrique pudo sortear el problema de conciencia que le suponía dar su visto bueno a una ley que regulaba la eutanasia.

No es la primera vez en los últimos años que se produce un choque entre el Consejo Nacional monegasco y el Gobierno principesco -cuyos seis miembros responden ante el soberano-. El nuevo curso arrancó, de hecho, con una rebelión de los miembros electos de la Cámara dispuestos a tumbar el presupuesto suplementario propuesto por el Ejecutivo de Christophe Mirmand, quien acababa de llegar a su puesto. Y, antes, en primavera, casi en vísperas de los fastos por los 20 años de Alberto II en el trono, la Asamblea criticó algunas actuaciones del Ejecutivo en un clima de desconfianza mutua que tanto contrasta con la imagen idílica que proyectan todos los eventos protagonizados por la dinastía Grimaldi. Ahora, el malestar en la Cámara con el soberano por actuar de un modo casi tiránico frente a la voluntad popular es más que palpable. Quien mejor lo expresó fue la presidenta de la Comisión de Legislación, Christine Pasquier-Ciulla, que lanzó un críptico "tomamos nota". Un mensajito dirigido al todopoderoso príncipe soberano.