Bukele y la tentación de la cadena perpetua

¿Cuánto dura, en realidad, una cadena perpetua? No es una pregunta jurídica, aunque se disfrace de técnica; es una pregunta política en el sentido más crudo del término, porque remite a quién decide, bajo qué criterios y con qué límites se administra el castigo en una sociedad.

Para algunos, la cadena perpetua pretende -con torpeza moral- equiparar la vida arrebatada por un asesino, el daño irreversible de un violador o el terror sistemático de organizaciones criminales; para otros, más escépticos o más informados, constituye uno de los instrumentos favoritos del poder cuando descubre que castigar puede ser más rentable que gobernar.

En El Salvador, ese dilema dejó de ser una discusión de seminario para convertirse en política pública bajo el gobierno de Nayib Bukele. La premisa es simple, casi seductora en su brutalidad: quien destruye la vida en sociedad pierde la suya en libertad, sin matices, sin reinserción y -sobre todo- sin la molestia de los tonos de grises.

Y funciona. O, al menos, funciona en aquello que importa electoralmente. El país pasó de ser un caso de estudio en violencia estructural a un ejemplo internacional de contención del crimen. Las cifras de homicidios se desplomaron hasta niveles históricamente bajos, con periodos prolongados de registros en cero. Más de mil días sin homicidios acumulados no son un eslogan de campaña, sino una anomalía empírica que incomoda a toda una tradición teórica que insiste en que no hay seguridad sin Estado de derecho (me incluyo).

Lo que Max Weber definía como el monopolio legítimo de la violencia parece haber encontrado, en este caso, una versión sin adjetivos: monopolio, a secas.

Pero como advertiría Michel Foucault, el problema nunca ha sido solo quién ejerce el castigo, sino cómo ese castigo reorganiza el poder. Y ahí es donde el modelo deja de ser eficaz para volverse interesante… y peligrosamente replicable.

El régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022 nació como una medida extraordinaria frente a una crisis de seguridad; hoy, más de 45 prórrogas después, opera como una arquitectura permanente del poder. La excepción, como tantas veces en la historia, no se suspendió: se institucionalizó. Nada que no hubiera anticipado Giorgio Agamben cuando escribió que los estados de excepción tienden a convertirse en la forma normal de gobierno. En El Salvador, la teoría dejó de ser cita académica para convertirse en manual operativo.

Más de 80 mil detenciones después, el costo empieza a delinearse con mayor claridad.

Organizaciones de derechos humanos documentan detenciones arbitrarias, procesos debilitados y un sistema judicial que ha optado por la eficiencia sobre la precisión. Y aquí aparece la paradoja que la literatura sobre justicia penal no logra resolver del todo: cuando el Estado prioriza la eliminación del riesgo sobre la garantía de derechos, el margen de error deja de ser una anomalía para convertirse en un componente estructural.

En otras palabras: sí, el modelo funciona… hasta que te toca a ti. Porque no existe poder punitivo sin error, pero sí existen sistemas que deciden dejar de corregirlo.

La expansión de penas extremas -presentadas como respuesta moral a una violencia intolerable- abre una pregunta menos épica y más incómoda: ¿qué ocurre cuando el Estado ya no solo castiga delitos, sino que redefine quién merece permanecer dentro del tiempo social?

Dicho sin rodeos: cuando el castigo deja de ser proporcional y empieza a ser definitivo, deja de ser justicia y empieza a parecerse a otra cosa.

Porque la cadena perpetua no es solo una sanción penal; es una declaración política sobre los límites -o la ausencia de ellos- del Estado.

Y al respecto, El Salvador ya no es el país que fue, pero tampoco es, al menos por ahora, el país que su narrativa oficial pretende consolidar. Entre la seguridad recuperada y la erosión institucional existe una línea delgada que rara vez se cruza de manera frontal: primero se justifica la excepción, luego se normaliza, y finalmente se defiende como única alternativa posible.

Y cuando un sistema político se acostumbra a castigar sin límites claros ni contrapesos efectivos, la pregunta deja de ser si alguien merece recuperar la libertad.

La pregunta, mucho más incómoda, es si el poder necesita que alguien la recupere. Porque es en ese punto -y no antes- donde la cadena perpetua deja de ser castigo. Y empieza, con toda eficiencia y sin demasiada resistencia, a parecerse a una forma administrada de desaparición legal.

Tres en Raya

(1) El “modelo Bukele” no se estudia en la región únicamente por sus resultados en seguridad, sino por su rentabilidad política en contextos de hartazgo social. En privado, varios gobiernos no discuten si es deseable, sino si es viable replicar un esquema que combina control territorial, legitimidad inmediata y una ciudadanía dispuesta a intercambiar libertades por orden. No es una exportación jurídica; es una importación de poder.

(2) En países como México, el debate ya no gira en torno a endurecer las penas -esa batalla está ganada en la opinión pública-, sino hasta dónde puede estirarse el marco constitucional sin romperlo de manera explícita. La tentación no es la cadena perpetua en sí, sino el precedente: un Estado que prueba que puede concentrar poder, obtener resultados y, además, ser aplaudido por ello.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM 

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