La alternativa pendiente

México atraviesa una etapa en la que la polarización política ha dejado de ser un efecto colateral del poder para convertirse en una estrategia de gobierno. Desde 2018, el discurso oficial optó por dividir antes que persuadir, desacreditar antes que debatir y señalar enemigos antes que construir soluciones.

El saldo está a la vista: un país con rezagos profundos en política pública, instituciones bajo presión y una conversación pública cada vez más crispada. En ese contexto, el verdadero desafío es no solo exhibir los errores del oficialismo, sino construir opciones para el país que estén claramente fuera de los acuerdos de la narcopolítica, lejos de cualquier pacto de complicidad, omisión o conveniencia criminal.

Los errores del gobierno han tenido consecuencias concretas en la vida de millones de mexicanos. La inseguridad se ha expandido, los servicios públicos no mejoran y la promesa de una transformación social profunda se ha quedado en propaganda.

Incluso la narrativa sobre la reducción de la pobreza exige una lectura más seria: no basta con transferir recursos en efectivo si al mismo tiempo se deterioran los servicios de salud y educación, el acceso al agua, la infraestructura y la seguridad. Medir el bienestar solo a partir de ingresos monetarios, ignorando la calidad de los servicios públicos, es simulación. Peor aún: buena parte de la clase política prefiere callar ante la ineficacia o la corrupción por miedo al costo electoral, como si conservar votos fuera más importante que salvar vidas, corregir omisiones o recuperar el rumbo del Estado.

Por eso el oficialismo ha decidido centrar buena parte del debate en batallas ideológicas de trazo simple, sostenidas con una narrativa eficaz para la propaganda, pero insuficiente para gobernar. Se trata de fabricar antagonismos permanentes, de reducir cualquier crítica a una conspiración y de presentar toda discrepancia como traición.

La confrontación entre la Presidencia de la República y el gobierno de Chihuahua debe leerse en esa clave. No se trata únicamente de una disputa jurídica o administrativa; también es un movimiento político que busca desviar la atención de asuntos mucho más delicados: la violencia, la expansión territorial del crimen organizado y los presuntos vínculos entre actores del poder y estructuras criminales.

Es lamentable observa como mientras el país necesita coordinación entre órdenes de gobierno, el oficialismo prefiere el pleito como método de control narrativo.

En ese marco debe entenderse el embate contra Chihuahua y, en particular, contra la gobernadora María Eugenia Campos. La disputa no solo tiene implicaciones legales; también posee una evidente dimensión electoral. Y precisamente por eso conviene leerla con seriedad: cuando el poder se siente cercado por sus propias contradicciones, suele buscar un adversario visible para evitar responder por lo esencial.

El relevo en la dirigencia de Morena no alcanza para limpiar el desgaste de un movimiento al que cada vez le resulta más difícil desmarcarse de sus propios excesos. Y entre esos excesos sobresale la normalización de zonas grises entre política y crimen.

Es verdad que el oficialismo enfrenta un desgaste visible y que crece el rechazo ciudadano en diversos sectores. Pero conviene no confundir el deterioro de Morena con la existencia automática de una alternativa suficientemente sólida. El descontento, por sí solo, no organiza una mayoría ni garantiza una transición política responsable.

La oposición puede exhibir mejores resultados en algunos gobiernos estatales y capitalizar comparaciones favorables en materia de gestión, estabilidad o percepción ciudadana. Sin embargo, eso tampoco basta. Para convertirse en una opción real debe presentar una ruta ética y política capaz de convencer a quienes desconfían de todos los partidos por igual.

En otras palabras, no alcanza con decir que se gobierna mejor; hay que demostrar que se puede gobernar sin componendas con el crimen, sin cálculos subordinados al miedo y sin tolerancia frente a la captura territorial de la política, por los grupos criminales. Por eso, lo ocurrido el domingo en Chihuahua ofrece una lección que merece una lectura cuidadosa.

Sí: la movilización morenista en la capital fue pobre, desordenada y políticamente un fracaso. Mostró límites de operación, errores de lectura territorial y una desconexión evidente con un sector ciudadano que quiere seguridad, legalidad y gobiernos eficaces.

Pero quedarse solo con esa imagen sería una interpretación superficial. Chihuahua no se resume en la capital, y el peso electoral del estado obliga a mirar con más atención lo que ocurre fuera del foco inmediato. El bastión de Morena se encuentra en Ciudad Juárez, donde la lista nominal concentra el 50% del electorado estatal. Esa realidad impide cualquier triunfalismo anticipado.

La lección de Chihuahua es doble. Por un lado, confirma que Morena puede fallar incluso en actos diseñados para exhibir fuerza. Por otro, recuerda que el vacío no se llena solo: si la oposición y la sociedad democrática no construyen una propuesta creíble, territorialmente competitiva y moralmente nítida, ese desgaste puede diluirse sin traducirse en cambio político.

El centro del debate no es solo quién gana la próxima elección, sino qué tipo de poder se quiere impedir que siga gobernando a México. La alternativa aún está pendiente.

POR ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ

POLÍTICA Y ACTIVISTA

@ADRIANADAVILAF

MAAZ