La revolución que terminó en escándalo
Se asumía como revolucionario. Decía desmontar el modelo “neoliberal” en los libros de texto. Pero la discusión pedagógica quedó rebasada por algo más grave: denuncias internas, presuntos cobros indebidos y un ambiente laboral descrito como intimidatorio dentro de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.
El nombre de Marx Arriaga Navarro pasó de arquitecto del nuevo modelo educativo a factor de desgaste para la propia SEP.
Su discurso fue ideológico y confrontativo, alineado con el obradorismo cultural. Pero en paralelo crecieron las acusaciones de trabajadores que documentaron depósitos exigidos para conservar o conseguir empleo, mensajes donde se hablaba de aportar a “la lucha” y testimonios que hoy forman parte de investigaciones del Órgano Interno de Control, encabezado por Noé García Ortiz.
En esos escritos aparece también su colaborador cercano, Sady Arturo Loaiza Escalona, señalado como operador directo de los cobros.
El proyecto educativo que impulsó y arropó Andrés Manuel López Obrador terminó eclipsado por los escándalos.
A eso se sumó el choque por contenidos. En un gobierno que hizo de la igualdad de género y del reconocimiento a los pueblos indígenas una bandera, se le cuestionó por la limitada incorporación de mujeres en materiales históricos y por resistencias a ampliar contenidos en lenguas originarias. El contraste fue evidente: por un lado el discurso hablaba de inclusión, mientras se le señalaba de exclusiones.
La narrativa revolucionaria de Arriaga se convirtió en problema institucional.
Desde el año pasado circulan versiones de movimientos mayores en la Secretaría, incluso sobre el futuro de Mario Delgado Carrillo. La Secretaría arrastra libros impugnados, tensiones sindicales, conflictos internos y desgaste público.
La SEP no enfrenta un debate académico, sino una crisis de conducción.
Porque transformar la educación no es imponer una cruzada personal. Y cuando la ideología pesa más que la institución, el expediente termina sustituyendo al discurso.
En contraste, a esa Dirección General llega Nadia López García. Escritora, pedagoga, mujer indígena mixteca, con trayectoria en promoción cultural y reconocimientos nacionales por su trabajo a favor de las lenguas originarias. Su perfil no viene marcado por la confrontación sino por la mediación cultural y el trabajo académico.
De Nadia se esperan puentes, no trincheras. Tiene buenas referencias en el sector cultural, reconocimiento público y legitimidad simbólica. La expectativa es que el debate educativo regrese al aula y deje de estar atrapado en el escándalo.
La SEP necesita estabilidad. Ahora la prueba será si esta nueva etapa logra devolverle rumbo y credibilidad.
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EN CORTO.- JALISCO SIN RENDICIÓN DE CUENTAS. Tras la reforma constitucional en materia de transparencia, el modelo cambió en todo el país y los estados quedaron obligados a armonizar su legislación. En Jalisco, el Congreso aprobó la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, en concordancia con ese nuevo marco federal. Lo que debía seguir era la aprobación de las leyes secundarias que definieran cómo operaría el nuevo esquema. Ese paso no ocurrió dentro del plazo establecido.
El presidente del Congreso, Julio César Hurtado Luna, no logró los consensos ni la Junta de Coordinación Política, donde están la priista María del Refugio Camarena Jáuregui; Claudia Murguía Torres por el PAN; José Luis Tostado Bastidas por MC; Miguel de la Rosa por Morena y el resto de coordinaciones. Sin acuerdo no hay transparencia.
Al no concluir la armonización normativa, el estado gobernado por Pablo Lemus quedó con un marco incompleto. El derecho existe en la Constitución. La operatividad no. ¿Conveniencia?
Nos vemos a las 8 por el 8 TV
POR SOFÍA GARCÍA
COLABORADORA
@SofiGarciaMX
PAL
