Las tiranías de Latinoamérica, obligadas a abrir los cerrojos de los presidios
Actualizado
Miles de presos políticos siguen encerrados en las mazmorras de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sin embargo, en los últimos meses algo ha empezado a cambiar por la presión de Donald Trump. Los regímenes que gobiernan con mano de hierro en esos países comienzan a mostrar gestos con quienes fueron encarcelados injustamente por el mero hecho de oponerse de manera pacífica contra unos líderes que se perpetúan en el poder. Delcy Rodríguez es la última mandatariaque se ha visto obligada a anunciar una amnistía.
Este tipo de movimientos no son nuevos en Latinoamérica. La última amnistía se produjo en Nicaragua, donde el pasado 10 de enero el régimen de Daniel Ortega liberó a decenas de personas, incluyendo periodistas, líderes religiosos y estudiantes, después de que la Embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la excarcelación de presos políticos, destacando, sobre todo, al pastor evangélico Ruddy Palacios.
Precisamente, una semana después de derrocar y capturar a Nicolás Maduro, EEUU ponía como ejemplo que mientras Venezuela había liberado a «un gran número de presos políticos», en Nicaragua «más de 60 personas seguían injustamente detenidas o desaparecidas». La dictadura nicaragüense no citó en ningún momento la presión de Trump, sino que justificó la liberación en un gesto por la conmemoración de los 19 años de Daniel Ortega en el poder. En ningún momento identificó a las personas liberadas, aunque entre ellas se encuentra la periodista Jessica Palacios, detenida por su cobertura de las protestas de 2018.
En noviembre de 2025, también hubo otra liberación de presos políticos en Nicaragua, si bien muchos fueron obligados a cumplir su condena en su casa en lugar de en la cárcel. EEUU llevaba tiempo reclamando sin éxito la excarcelación de los detenidos durante las protestas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega. Aquel estallido social fue reprimido con violencia, causando la muerte de 355 personas hasta julio de 2019, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En septiembre de 2024, el régimen sandinista excarceló a 135 personas opositoras, que fueron expulsadas de Nicaragua en avión rumbo a Guatemala tras unas negociaciones mediadas por EEUU. Esta medida ya la aplicó previamente con los 222 presos políticos que fueron deportados en febrero de 2023 a EEUU y a quienes la dictadura declaró «traidores a la patria». Posteriormente, la Asamblea Nacional los despojó de la nacionalidad nicaragüense. Entre ellos, se encontraban la ex guerrillera sandinista Dora María Téllez y la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro.
El caso de Cuba
Mientras, en Cuba sigue sin promulgarse una ley de amnistía formal, pese a la presión de organismos como Amnistía Internacional, cuya directora regional para las Américas, Ana Piquer, recordó el pasado 19 de enero que «las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas presas de conciencia». De acuerdo al último informe mensual de Prisoners Defenders, Cuba cerró 2025 con 1.197 personas encarceladas por motivos políticos. Solo el pasado año, esta organización contabilizó 134 nuevos presos.
La última gran excarcelación en el país caribeño se produjo el 14 de enero de 2025, cuando las autoridades cubanas anunciaron que, tras conversaciones con el entonces Papa Francisco, excarcelarían a 553 personas, la mayoría detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra la crisis económica y los apagones. Esa especie de amnistía provocó que el Gobierno de EEUU anunciara la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llegó a calificar el proceso de «injusto e incompleto» y señaló que solo fueron excarcelados "212 presos políticos".
Impunidad
Más allá de estas excarcelaciones recientes, en América Latina se pusieron en marcha en varios países las denominadas leyes de amnistía para pasar página de las dictaduras a la democracia, otorgando muchas veces impunidad a quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada o ejecuciones sumarias. Así sucedió en Argentina, Chile, Uruguay, Perú y El Salvador. Todo ello en aras a buscar la paz social, si bien en algunos casos estas leyes han sido derogadas años después.
Ese es el caso de Argentina, donde las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986-87) fueron anuladas por el Tribunal Supremo en 2005, lo que permitió juzgar a cientos de militares de las dictaduras de Jorge Videla o Roberto Eduardo Viola, entre otros. El propio Videla fue condenado a cadena perpetua, si bien solo cumplió cinco años, ya que en 1990 fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem.
Un caso diferente fue el de Chile, donde la dictadura militar de Augusto Pinochet aprobó la Ley de Amnistía de 1978 para otorgar inmunidad a los responsables de los crímenes cometidos entre 1973 y 1978. Esta norma sigue vigente, pero no se puede aplicar en casos de derechos humanos, tal como resolvió en 1998 la Corte Suprema.
