Nauru, la isla que vende su ciudadanía para salvarse del cambio climático
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La guerra en Ucrania y la amenaza de Rusia en Europa, la inestabilidad en Oriente Próximo por la ofensiva de Israel en Gaza -con el Líbano e Irán también en el punto de mira-, la incertidumbre económica y la impredecibilidad tras el ascenso al poder de Donald Trump, el recrudecimiento de las tensiones en el mar de China Meridional, la crisis migratoria en América Latina, el avance imparable del cambio climático en todos los continentes... La idea de que el futuro que se presenta es cada vez menos alentador lleva años ganando peso. Tanto es así, que sectores de la población contemplan un plan B que les permita evadir sus peores temores.
En este contexto, la pequeña isla de Nauru, situada en el Pacífico Sur y uno de los países más vulnerables al cambio climático, ha puesto en marcha una iniciativa que está ganando adeptos. Ante la amenaza inminente de perder gran parte de su territorio por la subida del nivel del mar, el Gobierno nauruano ha decidido ofrecer pasaportes a extranjeros a cambio de 'inversiones' con el fin de financiar planes de reubicación y mejorar la resiliencia de su población ante el calentamiento global. Por el módico precio de entre 90.000 y 99.000 euros, los extranjeros con recursos podrían tener un pasaporte dorado con el que supuestamente financiarían un país con recursos muy limitados a cambio de una segunda ciudadanía que les garantice movilidad y seguridad en tiempos inciertos.
Los primeros en aprovechar esta oportunidad han sido cuatro miembros de una familia alemana. No buscan mudarse a Nauru -ni siquiera han puesto un pie en la isla- pero el pasaporte que ahora poseen les abre la puerta sin necesidad de visado a 89 países y les otorga una segunda identidad legal. Su caso sirve de escaparate a un fenómeno emergente: ciudadanos de distintos rincones del mundo que, por motivos políticos, fiscales o personales, ven en el documento nauruano una vía de escape, mientras contribuyen -al menos en teoría- a la supervivencia de un Estado que se hunde.
La familia es relativamente conocida, según el director del Programa de Ciudadanía Económica y Resiliencia Climática de Nauru, Edward Clark. Afirma, además, que los solicitantes alemanes tenían un negocio de larga trayectoria en su país de origen, lo vendieron recientemente y se trasladaron a Dubái. "Tenemos entendido que les preocupa la inestabilidad en Europa del Este y el impacto que podría tener en ellos como familia. Por eso buscaban una segunda ciudadanía como plan de respaldo por si, por ejemplo, Alemania decidía implantar el servicio militar obligatorio", sostuvo a Australian Broadcasting Corporation.
En total, Nauru ha aceptado seis solicitudes desde que se puso en marcha la iniciativa en febrero de este año y actualmente se encuentra tramitando otras 20 más. "Somos un programa nuevo, por lo que estamos trabajando para ganar credibilidad y notoriedad en el mercado. Estamos empezando a despertar interés y a tramitar las solicitudes existentes. Sabemos que hay muchas otras en camino", confesó Clark.
Una imagen satelital de la isla de Nauru, en el océano Pacífico.Copernicus Sentinel
El objetivo a corto plazo de esta isla de unos 21 kilómetros cuadrados y cerca de 12.000 habitantes es el de recaudar unos 33 millones de euros anuales para financiar el traslado masivo de ciudadanos. El presupuesto para dicho fin que presentan las autoridades de esta minúscula nación es de unos 51 millones y medio de euros.
Nauru figura entre los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Las mediciones científicas indican que el nivel del mar en sus costas crece a un ritmo 1,5 veces superior al promedio mundial. En el pasado, sus depósitos de fosfato -de una pureza poco común y esenciales para la producción de fertilizantes- convirtieron a la nación en uno de los lugares con mayor riqueza per cápita del planeta. Esa bonanza quedó atrás. Las reservas se agotaron hace años y la explotación intensiva dejó cicatrices profundas: se calcula que el 80% de la superficie de la isla es hoy inhabitable.
Lo poco que queda utilizable se enfrenta ahora a otra amenaza: el avance del mar. Las autoridades locales estiman que nueve de cada diez habitantes tendrán que trasladarse a zonas más elevadas para escapar de las mareas y el programa de pasaporte dorado parece ser la solución más factible.
No es la primera vez que Nauru lleva a cabo una iniciativa de este tipo. En 2003, intentó vender pasaportes para paliar la crisis económica tras el colapso de la minería de fosfato. La falta de controles convirtió el plan en un escándalo de seguridad y un fracaso reputacional, después de que se descubriera que entre sus beneficiarios había personas vinculadas a redes criminales e incluso a Al Qaeda. La presión de Estados Unidos y Australia consiguió que el programa fuera cancelado y la isla quedó asociada a actividades ilícitas.
22 años después, el Gobierno promete filtros estrictos de control y verificación en este nuevo intento. Sin embargo, organizaciones anticorrupción advierten que toda "ciudadanía por inversión" puede facilitar el blanqueo de capitales o la evasión fiscal, y juristas cuestionan si un Estado puede subastar su identidad, incluso con fines legítimos.
En Nauru, la discusión es más pragmática: la amenaza del mar es tangible, y las promesas de financiación exterior han sido lentas y limitadas. "Si la comunidad internacional no aporta lo necesario, debemos ser creativos", declaró recientemente el presidente, David Adeang. Vender pasaportes es, según el Gobierno, una necesidad.
