No quieren acabar con los privilegios, quienes no quieren la reforma
Hay un asunto que sigue ocupando el centro del debate nacional, y es la propuesta de reforma electoral que enviará al Congreso nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de una iniciativa que, de aprobarse, transformará de manera estructural el Sistema Electoral, el sistema de partidos, el modelo de representación ciudadana y la legitimación institucional en materia electoral, pero hay algo que deseamos subrayar, tenemos el principio irrenunciable de que nada será por la fuerza; todo habrá de construirse por la razón.
México no es hoy el país de las décadas de los setenta, cuando en un contexto de hegemonía absoluta y de restricciones a la competencia política se instauraron las candidaturas de representación proporcional como un mecanismo de la mínima representación posible frente a un sistema cerrado y excluyente.
Aquella decisión respondió a una coyuntura histórica específica de abrir espacios a las minorías y atemperar prácticas autoritarias; sin embargo, las condiciones políticas, sociales y culturales han cambiado de manera profunda, nuestra pluralidad es hoy una realidad consolidada; la alternancia es práctica común; la ciudadanía es más crítica, más informada y más exigente.
En ese nuevo contexto, resulta legítimo revisar si las figuras creadas hace medio siglo cumplen todavía con el propósito que las justificó o si, por el contrario, han derivado en distorsiones que deben corregirse. La propuesta que se discute plantea eliminar las listas plurinominales en el Senado, reduciendo su integración de 128 a 96 escaños, y redefinir el mecanismo en la Cámara de Diputados, a fin de privilegiar fórmulas de elección más directamente vinculadas con el voto ciudadano. No se trata de cancelar la pluralidad, sino de fortalecer la legitimidad democrática de quienes ocupan un escaño.
Es indispensable decirlo con claridad, no estamos de acuerdo con que subsistan esquemas que, en la práctica permitan que dirigencias partidistas o coordinaciones parlamentarias distribuyan posiciones como si se tratara de cuotas que se reparten viles delincuentes. La representación popular no puede concebirse como recompensas ni como refugio de intereses particulares; debe entenderse como mandato ciudadano.
La reforma también aborda un aspecto crucial: el financiamiento público de los partidos y el costo de nuestro sistema electoral. Se propone una reducción del gasto, en torno al 25% en distintos rubros, y una reingeniería que permita hacer más eficiente la operación del Instituto Nacional Electoral y de los propios partidos políticos. La austeridad republicana no es un eslogan; es una exigencia ética, cada peso destinado a la organización electoral debe estar plenamente justificado y sujeto a mecanismos de fiscalización más rigurosos, apoyados en tecnología que garantice más transparencia.
Al mismo tiempo, se plantean medidas para modernizar la competencia democrática, uso de Inteligencia Artificial para detectar recursos indebidos o ataques cibernéticos deshonestos, prohibición de aportaciones en efectivo, fortalecimiento del voto desde el extranjero y ampliación de mecanismos de participación ciudadana.
Obviamente no esperamos nada de la oposición, vaya, ni siquiera hacen aportaciones a la reforma, solo dicen que no la votarán a favor, pues es claro, en el fondo no les importa para nada representar a la gente, sino seguirse repartiendo el botín del rechazo popular que ya tienen. Nosotros estaremos muy atentos esta semana cuando la iniciativa llegue al Senado de la República.
La analizaremos con rigor técnico, la discutiremos en comisiones, la dialogaremos con todas las fuerzas políticas y, particularmente, con nuestros compañeros de la coalición de la Cuarta Transformación. Nuestra tarea será convencer con la fuerza de los argumentos, no con la aritmética de las mayorías.
POR SAÚL MONREAL
PAL
