Con entrega de capos, México incumplió tratados internacionales
México ha incumplido obligaciones en materia de derechos humanos al realizar entregas de prisioneros a Estados Unidos mediante órdenes de “expulsión” y no procedimientos de extradición, lo que constituye una violación directa a tratados internacionales vigentes y constitucionalizados.
El Estado mexicano forma parte tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que prohíben la expulsión o traslado arbitrario de personas nacionales y establecen que ninguna restricción puede realizarse sin procedimiento previo, intervención judicial y recurso efectivo.
La Convención Americana establece en su artículo 22.5 “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.
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En tanto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 12.4 que "nadie podrá quedar arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país".
Tratados internacionales no se anulan por seguridad nacional de México: experto
De acuerdo con el especialista en Derecho, Marco Antonio Avilés, el problema no es la cooperación con Estados Unidos, sino que esta se realice sin el cauce jurídico previsto en los tratados, sustituyendo el control judicial por decisiones administrativas o políticas bajo el argumento de la seguridad nacional.
“Esas normas no se anulan con la palabra seguridad nacional porque precisamente esos tratados contemplan que la seguridad nacional puede justificar restricciones posiblemente necesarias y legales, pero no atajos en la intervención de un juez”, explicó.
En el marco de las presiones en materia de seguridad de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desde febrero de 2025 se han registrado tres entregas masivas de capos de la droga a ese país mediante un procedimiento de expulsión.
La primera ocurrió a finales de febrero de 2025, cuando México entregó 29 personas requeridas por autoridades estadounidenses; la segunda se realizó el 12 de agosto de 2025, con 26 prisioneros expulsados.
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La tercera ocurrió apenas el 20 de enero pasado, cuando enviaron a Estados Unidos un total de 37 narcotraficantes, de los cuales abogados y familiares alegan que fueron envíos ilegales.
Para el especialista, entregar personas sin activar el procedimiento de extradición, México no solo vulnera el debido proceso, sino que renuncia a las condiciones que su propia ley y los tratados internacionales le exigen imponer.
“No es una zona gris, es inconstitucionalidad frontal”, sentenció.
