Familias de jóvenes asesinados en Venezuela: "Nadie me va a devolver a mi hijo, pero pido justicia"

Año 2017 en Venezuela. Las protestas contra el Gobierno se intensifican y los jóvenes se lanzan a las calles a exigir un país en libertad que ni siquiera han llegado a conocer, pues muchos de ellos nacieron cuando ya Hugo Chávez estaba en el poder. Ataviados con pañuelos, máscaras antigás, rudimentarios escudos de cartón y guantes se pusieron frente a los uniformados del chavismo. Algunos de ellos perdieron la vida y, según denuncian sus familias, todavía no han conseguido encontrar justicia. Tampoco les reconforta el hecho de que EEUU haya descabezado al régimen con la captura de su líder, sólo les queda exigir que prospere el caso 'Situación Venezuela I', aún abierto en la Corte Penal Internacional (CPI), para que e emitan órdenes de captura contra Nicolás Maduro y su cadena de mando por crímenes de lesa humanidad.

El vídeo de la muerte de Neomar Alejandro Lander Armas (17 años), el 7 de junio de 2017, se viralizó. Ya antes de caer al suelo por el impacto de una bomba lacrimógena su imagen era conocida en las marchas por llevar un casco blanco en el que ponía "calle" y portar una flor en sus manos. Su lema era: "La lucha de pocos, vale por el futuro de muchos". Este miércoles, sus padres, Neomar Lander y Zugeimar Armas, recordaron sus palabras junto a ese elemento tan característico de su indumentaria y un guante suyo que pudieron rescatar de la Fiscalía, una foto del joven y vestidos con camisetas blancas con su rostro. Lo hicieron en una acto en el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, organizado por la Asociación de Periodistas Venezolanos en España Venezuelan Press, cuya presidenta Carleth Morales se ha encargado durante este tiempo de recoger testimonios de este tipo y recopilarlos en el libro '26 crímenes y una crónica. Quién mató a la resistencia en Venezuela'. "Una investigación periodística que ahora es prueba ante la CPI", explicó la propia autora. "Ellos están aquí buscando la vida que Venezuela no les garantizaba. Sólo les quedaba buscar justicia y memoria, porque perder a un hijo o un hermano es estar muerto en vida", declaró Morales al presentar a todos familiares congregados.

Zugeimar Armas estaba en las manifestaciones en las que su hijo perdió la vida, pero no pudo hacer nada. Se enteró de tan trágica noticia vía telefónica. "Es muy duro tener que escuchar ese vídeo [reconoce al volverlo a visionar ante los periodistas reunidos], porque van ocho años y siete meses y no se ha hecho justicia. Es sistemático, se ensañan. La muerte de Neormar es muy confusa, nosotros decimos que fue impactado por una bomba lacrimógena y ellos [el Gobierno] que fue un mortero", narró. "Él luchaba por una Venezuela que nunca vivió. Eran personas con valores, era niños educados", reafirmó y recordó que Neomar, que acababa de hacer un curso de bartender, tenía unos sueños que se truncaron. Los padre del joven del casco y la rosa viven hoy en España, donde tuvieron que migrar para poner a salvo a su otra hija, Paola, y donde nació el pequeño Alan. "Allí no tenían futuro", insistió Armas.

"No sé cómo es vivir en guerra, pero en ese momento Chacao [municipio caraqueño] era una zona en guerra", recordó de aquella jornada negra para Venezuela, en la que tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo. "Le tenían tapado, el funcionario bajó la sábana completa, le destrozaron el pecho y había mucha sangre". "Nada ni nadie nos va a devolver a nuestros hijos, por lo menos los que están presos tienen la certeza de que van a salir y abrazarlos. Nosotros no tenemos esa certeza, de nosotros depende que se haga justicia y que la memoria de nuestros hijos no se borre de la mente de los venezolanos", sentenció. "El 3 de enero [día de la caída de Maduro] sentí una gran satisfacción, sentí un dolor en el pecho y dije: 'Esto es una esperanza, es una luz para que se haga justicia'", agregó la madre del fallecido Neomar.

"Le pedimos a la CPI que sea juzgado, que hay casos de otros países donde ya se ha dictado orden de captura y en el caso de 'Venezuela I' todavía seguimos esperando respuestas", denunció su padre, Neomar Lander.

Las familias de los fallecidos en Venezuela exigen que Maduro y el resto de la cúpula chavista paguen por los asesinatos de sus hijos, que es lo que se conseguiría a través del caso abierto en el CPI. Desde la caída de Maduro hace ya casi dos semanas, ONG y expertos en Derechos Humanos reclaman que él y miembros de su Gobierno respondan ante la ley por las acciones cometidas durante estos 26 años. Acusaciones distintas por las que va a ser juzgado en EEUU.

Documentación no falta, según los juristas expertos. "La fiscalía de la CPI debe cumplir con su mandato y reparar los crímenes de 2014 y que se siguen provocando. Exigimos justicia y reparación", aclaró Soranib Hernández, doctora en Derecho y autora de la Petición al Parlamento Europeo para activar la cooperación con la Corte Penal Internacional. Muy crítico con el proceso abierto, pero ralentizado, de la Corte se mostró Blas Imbroda, doctor en Derecho y abogado acreditado ante la CPI: "La singularidad de Venezuela es que han sido crímenes continuados, la tortura ha sido sistémica. Por tanto, la nota característica hacía que la CPI actuara de manera más rápida". "Debe dictarse una persecución de orden internacional contra Maduro y esto debía haber estado hecho desde hace mucho tiempo. Porque se abrió el procedimiento en 2018", apuntó Imbroda, que pone como ejemplo las órdenes que se dictadon en su día contra Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, que se cursaron en una año. Imbroda criticó así la lentitud del proceso y las acciones del fiscal Karim Khan, que tachó de "erróneas", como el hecho de visitar a Maduro en el Palacio de Miraflores. "Antes de que hubiera ocurrido lo de Estados Unidos, habría que haber estado pedido por la Corte", insistió y remarcó: "Esos crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes". "En este tipo crímenes de lesa humanidad hay una cúpula y una estructura de poder, no son una persona y dos, hay un aparato de poder que pone en marcha todo el engranaje, un sistema de terror para mantenerse en el poder y anular cualquier tipo de riesgo que ponga en peligro a una dictadura", subrayó.

"Quiero justicia"

La misma demanda expuso Isabel De Figueiredo, madre de Diego Fernando Arellano De Figueiredo. "Mi hijo nunca tuvo afiliación política. Era biológo. Tenía 31 años, estaba comenzando a situarse en la vida. Venezuela tiene 27 años de desastre. En estas protestas que ya hubo en 2014 la situación se reprimió, pero las que hubo en el 17 fue algo imposible", recordó. "Mi hijo fue a protestar y le dieron un tiro y lo mataron. Han pasado ocho años y no ha pasado nada", esgrimió.

"Se lo han llevado por narcotráfico, pero no por asesino. Nadie me va a devolver a mi hijo, pero que podamos ver que sean castigados. Yo pido justicia", reclamó.

El relato de Carlos Moreno, hermano de Paúl René Moreno Camacho, que murió con 24 años, coincidió en demandas y, sobre todo, en la crueldad de los hechos vividos en 2017. "Mi único hermano era un joven en el último año de la carrera de Medicina. En 2017, profesores y alumnos de Medicina crearon brigadas para salir a socorrer a las víctimas de protestas. Salieron organizados, pero desprotegidos. Los jóvenes salían a protestar y se defendían con lo que podían. Mi hermano fue arrollado por un civil protegido por el poder económico y por lo que es un estado fallido desde hace muchos años".

"Paúl tenía una vida por delante, estaba exageradamente motivado para aportar su grano de arena en la construcción de esa Venezuela que todos soñamos. Se está obviando la memoria y la justicia de tantas víctimas [con la detención de Maduro], enfocando sólo en una persona".

Las familias de los jóvenes asesinados en 2017 y en 2014 pasaron a convertirse también en víctimas. Daniel Alejandro Queliz Araca murió a los 20 años por el impacto de una bala. Su madre no pudo aguantar el dolor y se acabó suicidando, explicó su tío, Pedro Queliz. Daniel sólo estaba participando en una protesta en su urbanización.

El asesinato de David José Vallenilla Luis, estudiante de enfermería de 22 años, a manos de un sargento de la aviación también corrió por redes sociales, el medio que emplean los venezolanos para informarse debido a la falta de prensa libre. "Él estaba solo y que fue emboscado", apuntó este miércoles su padre, David Vallenilla, a la vez que mostraba una foto del momento. Recordó que el día que murió su hijo, Maduro dio la orden de que se reprimieran las manifestaciones con "agua y gasecitos". De aquí que le declare culpable: "No se puede lavar las manos". Él mismo tuvo en frente al sargento culpable en una ocasión y le preguntó que si quería neutralizar por qué no le disparó en las piernas. No hubo respuesta.

"Quiero justicia. Nicolás Maduro es responsable y debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad", pidió Vallenilla.

La vida también se truncó para Armando Cañizales Carrillo aquel año de protestas. Músico de 18 años, incrito en la universidad para cursar Medicina, encontró la muerte mientras se manifestaba en Caracas. Sus padres, Israel Cañizales y Mónica Carrillo, recordaron la memoria de su hijo. "Armando no es un dato, no es una estadística, fue una persona, un hijo, que sufrió al ver cómo su entorno inmediato de amistades, de su grupo más cercano de amigos, pasaban días sin comer". El 3 de marzo de 2017 salió a manifestarse y no volvió. "Le entregué la vida de un hijo a un país, lo mínimo alcanzable que nosotros esperamos, es justicia, no venganza, pero que paguen todos y cada uno de los que han estado involucrados en estos crímenes", demandó Cañizales.

Las lágrimas que las familias derramaron este miércoles son las que lleva años derramando el pueblo venezolano. "Queremos a Venezuela como tierra, pero la dejamos de querer por todo lo que pasó", reflexionó Mónica Carrillo.