Los Cabos: el negocio detrás de la sed

En Los Cabos, Baja California Sur, el agua dejó de ser únicamente un problema de infraestructura. Hoy, el tema empieza a exhibir algo mucho más delicado: la existencia de un sistema que, según denuncias de organizaciones civiles y señalamientos de funcionarios en la región, convirtió el desabasto en un negocio multimillonario.

El alcalde Christian Agúndez Gómez enfrenta cada vez más cuestionamientos por el llamado “huachicol del agua”, una red que no sólo estaría relacionada con extracción irregular y distribución mediante pipas, sino también con el uso de herramientas y mecanismos desde el propio aparato gubernamental que encabeza para facilitar la operación de ese negocio.

Y es que, mientras colonias completas pueden pasar semanas sin agua potable, las pipas siguen apareciendo todos los días para vender el recurso a precios elevados. El desabasto terminó convirtiéndose en parte del negocio, la crisis crece, la dependencia hacia los piperos aumenta y, al mismo tiempo, cada vez hay más señalamientos sobre quienes controlan la distribución del agua en distintas zonas del municipio.

Desde hace años, en Baja California Sur se habla de un “cártel del agua”, una estructura donde intereses políticos, económicos y operadores privados terminan beneficiándose de la escasez. El término no se refiere únicamente al robo del líquido, sino a todo un modelo construido alrededor de la necesidad de la gente, que ha favorecido por décadas a la familia del alcalde de Los Cabos.

Las acusaciones contra el gobierno municipal encabezado por Agúndez apuntan justamente a la presunta tolerancia, falta de control e incluso posibles facilidades institucionales para mantener un esquema donde el agua se convierte en mercancía y no en un derecho básico.

El desgaste político para Christian Agúndez rumbo a la elección de 2027 crece cada día más, porque el tema toca uno de los puntos más sensibles para la población. Los Cabos presume desarrollos turísticos de lujo, crecimiento inmobiliario acelerado y una de las zonas más importantes del país para el turismo internacional, pero detrás de esa imagen hay familias almacenando agua en cubetas, colonias enteras esperando durante semanas el servicio y ciudadanos obligados a pagar cantidades excesivas a piperos señalados por vecinos como parte del círculo cercano del presidente municipal, por algo tan básico como poder bañarse o cocinar.

Cuando desde el poder se permite que el desabasto se transforme en negocio, e incluso existen señalamientos de que algunos grupos forman parte de ese esquema, el problema deja de ser únicamente la falta de agua. El fondo del conflicto está, de acuerdo con testimonios y denuncias locales, en que los Agúndez estarían obteniendo ganancias millonarias a costa de la sed de la gente.

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CHIHUAHUA, EN CRISIS

Y mientras seguidores de Morena, liderados por su presidenta nacional, Ariadna Montiel, preparan manifestaciones y un juicio político contra la gobernadora Maru Campos, hay una problemática que la administración estatal no ha logrado atender de manera efectiva. Resulta que, más allá de la posible ayuda del gobierno de Estados Unidos a la estrategia de seguridad de la gobernadora panista, los datos reflejan una realidad muy distinta. Chihuahua, en abril de 2026, se colocó en el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con un registro de 129 asesinatos, empatado con Guanajuato. A pesar de las supuestas acciones, las ayudas externas, los agentes de la CIA y las falsas promesas, los resultados son alarmantes.

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