Congreso CDMX busca endurecer penas contra médicos 'pirata'
La usurpación de profesiones relacionadas con el área de salud no son sólo faltas
administrativas, implican un delito que pone en riesgo a miles de personas que caen en las
manos de falsos médicos, por lo que es necesario aplicar la ley y sancionar estos actos con una pena máxima de 12 años de prisión, planteó la diputada por Morena, Ana Buendía.
En el Congreso de la Ciudad de México, la legisladora reconoció que el registro público de
profesionales y la ley no son eficientes para detener a los usurpadores.
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Añadió que actualmente en la capital se castiga de dos a seis años de cárcel, pero es
insuficiente para inhibir esta conducta, que genera daños a veces irreversibles a quienes
confían en presuntos profesionales.
Ante este panorama, Buendía planteó que, cuando la usurpación de profesión recaiga sobre actividades relacionadas con la salud, la atención médica, procedimientos quirúrgicos, terapéuticos o cualquier intervención que implique riesgo para la vida o la integridad física de las personas, la pena sea de seis a 12 años.
“La gravedad del problema se incrementa cuando la conducta se presenta en áreas donde el conocimiento técnico es indispensable para garantizar la seguridad de las personas”, abundó Ana Buendía.
Para evidenciar la problemática, la morenista recordó casos de usurpación como el de
Marilyn Cote, en Puebla, quien sin ser médico prescribía sustancias controladas; o de María Milagros N, en Querétaro, quien hacía operaciones quirúrgicas invasivas sin tener la
preparación adecuada y que dejaron secuelas en la salud de quienes se sometieron a ellas.
“Hoy no nos enfrentamos a una simple falta administrativa; estamos ante una conducta delictiva que se ha profesionalizado, aprovechando las lagunas de la era digital y la falta de rigor en la fiscalización de cédulas y acreditaciones”, lamentó.
Riesgo para la vida
En su propuesta, refirió que diversos estudios y reportes periodísticos han señalado que la
usurpación de profesión no solo implica un engaño, sino que puede derivar en daños
económicos, afectaciones emocionales, fraudes, negligencias y, en casos extremos,
lesiones graves o pérdida de la vida, ya que los conocimientos técnicos son indispensables
para garantizar la seguridad de las personas.
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“En estos casos, la falta de preparación no solo vulnera la confianza pública, sino que genera riesgos reales y tangibles”, alertó.
Señaló que la proliferación de servicios informales que suplantan ramas como el derecho, la comunicación, la ingeniería y hasta la medicina, son una afrenta al esfuerzo académico de quienes sí cumplieron con el proceso de ley para obtener un título.
