El colapso de los juzgados concursales
EL SISTEMA CONCURSAL en México enfrenta un cuello de botella que amenaza la estabilidad económica nacional.
La carga de trabajo y las reestructuraciones concursales se incrementaron en 3,800% en comparación al año 2000, cuando se publicó la nueva Ley de Concursos Mercantiles.
La decisión de crear dos Juzgados Especializados en Materia Concursal con jurisdicción en toda la República Mexicana en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marcó un punto de inflexión en el sistema legal mexicano.
Esta especialización ha brindado una seguridad jurídica sin precedentes, lo que provocó un incremento significativo de 32% en la tramitación de concursos mercantiles desde el año 2022.
Un dato importante para dimensionar lo anterior es que el valor de los pasivos que se gestionan dentro de los concursos tramitados en los dos Juzgados Especializados equivalen a unos 704 mil millones de pesos.
Tal cantidad supera por mucho la cuantía de todas las controversias civiles y mercantiles que se dirimen en el resto del Poder Judicial de la Federación, representando cerca de 2% del PIB mexicano.
Sin embargo, esta masiva concentración de activos y pasivos no ha recibido la atención que demanda el nuevo Órgano de Administración Judicial, que preside Néstor Vargas, ni de la Secretaría de Economía.
A este escenario se suma una disparidad evidente en la operatividad y productividad de los dos Juzgados Concursales.
Tan sólo durante el periodo de 2022 a 2025, el Juzgado Primero Concursal, que recién dejó Olga Borja, recibió 53 asuntos y reconoció créditos por aproximadamente 568 mil millones de pesos.
Mientras que el Juzgado Segundo Concursal, que maneja Ruth Haggi Huerta García, sólo tramitó 23 asuntos con un alcance de aproximadamente 136 mil millones de pesos en créditos reconocidos.
Esta brecha en la eficacia procesal del Juzgado Segundo Concursal no es simplemente una mera deficiencia administrativa, sino un verdadero obstáculo que compromete la viabilidad económica de las empresas.
Negocios que cayeron bajo su jurisdicción y de aquellos acreedores, ya sea laborales, bancarios, inversionistas, empresarios o el fisco, que dependen de una pronta gestión y resolución de los procedimientos.
En ese sentido, el colapso operativo que atraviesa el Segundo Juzgado Concursal se traduce en una vulneración sistemática del derecho a una justicia pronta y expedita.
Los abogados litigantes expresan que la grave falta de comunicación entre el personal jurisdiccional y los justiciables deriva en rezagos injustificables.
La Jueza Huerta García tarda hasta 10 meses en resolver recursos de mero trámite, tiene amparos concursales que no ha resuelto en más de un año y demora injustificadamente en resolver cuestiones tan trascendentales dentro de los concursos como la aprobación de convenios que podrían salvar a las empresas insolventes, perjudicando a su vez al universo de acreedores concursales.
Esto último se aprecia en un dato objetivo: el Juzgado Primero ha aprobado 25 convenios concursales, mientras que el Juzgado Segundo ha aprobado solamente 11 convenios.
Aunque el Juzgado Primero, ahora a cargo de Nataly Pérez Hernández, muestra un desempeño operativo comparativamente mejor, es evidente que ninguno de los Juzgados Concursales ha comprendido su relevancia sistémica ni el alcance real de sus atribuciones.
El ejemplo más claro es el manejo de las medidas cautelares y de la administración del activo concursal: en vez de dictar sus determinaciones con la firmeza y prontitud que la ley concursal permite para proteger el patrimonio de las empresas concursadas, los Juzgados Especializados actúan con una cautela injustificable y totalmente burocrática.
La consecuencia directa de esta parálisis procesal es una destrucción de valor sin precedentes. Ahí está el caso de Altos Hornos de México, que le costó la chamba al anterior juez, Saúl Martínez Lira.
Apenas la semana antepasada, la Jueza Segunda declaró desierta una subasta pública de activos valorados en aproximadamente mil 50 millones de dólares, al generar una pérdida de valor en perjuicio de la economía nacional y sobre todo la región noreste del país.
Todo esto lleva a una sola conclusión: no importa la cantidad de concursos que se reporten, la realidad es que, sin una intervención inmediata, el sistema de administración de justicia concursal en México seguirá siendo un obstáculo para la conservación de unidades económicas que se encuentran en insolvencia en nuestro país y en las que podrían haber gestionado de mejor forma el valor de los pasivos y activos.
DAVID ORTIZ MENA, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), pidió no improvisar en la promoción turística ante incidentes violentos como los ocurridos tras la muerte de El Mencho. Y aunque no tuvieron afectación los turistas y el sector operó con normalidad, sí existió incertidumbre. “Es cierto que hubo una situación de incertidumbre que generó algunas cancelaciones; no hay que minimizar ni exagerar esto, sino enfocarnos en el flujo turístico actual”, mencionó Ortiz Mena. Y agregó, “no se trata de inventar o improvisar mensajes y materiales audiovisuales: es necesario en esos momentos enviar mensajes positivos y reales sobre lo que sucede en el país, y así minimizar el impacto en una actividad económica de la que dependen alrededor de cinco millones de mexicanos”. Admitió que, luego de algunos días de los incidentes violentos, persistió la falta de un mensaje claro que asegurara a los viajeros que no existía riesgo en venir a México, por lo que indicó que ante estas situaciones es necesario un manejo de crisis.
PESE A LOS esfuerzos institucionales, la concentración de recursos públicos en un reducido grupo de proveedores que orbitan alrededor de programas sociales estratégicos sigue lejos de erradicarse. Un ejemplo claro es el del empresario Gustavo Guzmán Romero, a quien en el sector señalan como cercano al diputado Francisco Javier Borrego Adame. Entre 2018 y 2025, tres empresas de Guzmán Romero acumularon más de cuatro mil 600 millones de pesos en contratos provenientes de Segalmex, Liconsa, Diconsa y Alimentación para el Bienestar, organismos encargados de garantizar el suministro de alimentos a la población vulnerable. Más de 90 por ciento de esos recursos se concentra en una sola de sus firmas, Soluciones Logísticas Inteligentes, empresa que además fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación, que pronto dejará David Colmenares, en revisiones a contratos del organismo. Parte de esas adjudicaciones ocurrió en paralelo al escándalo que envuelve a Segalmex, donde el órgano fiscalizador documentó irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
PAL
