Una víctima de matrimonio infantil se enfrenta a la ejecución en Irán si no consigue reunir 100.000 euros
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Ignorada una y otra vez por las instituciones, Goli Koujan creció en el noreste de Irán sin estar registrada ni tener carné de identidad, igual que muchos jóvenes de la comunidad baluche, discriminada por las autoridades del país. A los 12 años fue obligada a casarse con su primo y un año después dio a luz sin atención médica a su primer hijo. Sufrió años de abuso y de maltrato hasta que a los 18, fue detenida acusada de matar a su marido.
Tras pasar siete años en el corredor de la muerte, Koujan podría ser ejecutada el próximo mes, a menos que su familia consiga reunir 100.000 euros. Esta cifra corresponde al llamado "dinero de sangre", amparado por la legislación iraní, una tradición que aún perdura en algunos países musulmanes o árabes, en el que la familia de la víctima de un asesinato puede establecer una cifra de dinero que haga justicia al crimen. Así, el sistema judicial iraní solo permite a Koujan el indulto si reúne este dinero, sin reconocer circunstancias atenuantes que propiciaron el crimen, como el abuso prolongado o la violencia de su marido contra sus hijos, denuncian las organizaciones de derechos humanos en Irán.
"Las niñas son obligadas a casarse a los 13 años o incluso antes, sometidas a décadas de palizas y violaciones, sin posibilidad real de divorcio ni de escapar. Muchas son asesinadas por sus familiares si lo intentan", denuncia Bahar Ghandehari, directora del Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI). Testimonios de ex compañeras de celda de Koujan relatan a CHRI que una vez la joven se escapó de casa para pedir ayuda a sus padres por el maltrato que sufría, pero su padre la obligó a regresar a su hogar, diciendo: "Tú saliste de casa vestida de blanco y solo volverás con el sudario", en alusión a la tela que envuelve un difunto.
El día del crimen, Koujan vio a su marido golpeando a su hijo de cinco años y llamó a su primo para pedirle ayuda. En un forcejeo entre hombres, su esposo murió de forma accidental, según relata la joven. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades al lugar del incidente, arrestaron a Koujan y su primo. Ambos fueron condenados a pena de muerte. "Irán es profundamente cómplice de estos asesinatos, ya que ni siquiera adopta las medidas más básicas para poner fin al matrimonio infantil ni para proteger a las niñas y mujeres de la violencia doméstica. Situaciones que con demasiada frecuencia terminan en muerte, aunque generalmente es de la mujer", añade Ghandehari.
La edad mínima para contraer matrimonio en Irán es de 13 años, aunque se puede rebajar con la aprobación de un tutor o juez. Sin embargo, muchas familias deciden casar a sus hijas en edad más temprana mediante una ceremonia religiosa para luego acudir al juez cuando las pequeñas cumplen 13 años. Las últimas cifras del Centro Nacional de Estadística de Irán sobre matrimonios datan del año 2022, cuando se registraron 27.448 matrimonios de niñas menores de 15 años. La estadística también revela que 1.085 niñas de este grupo de edad dieron a luz ese año.
Los grupos de derechos denuncian que las autoridades no protegen a las víctimas de violencia en ningún aspecto: las disuaden de denunciar, no se les concede derecho a manutención en el caso de no trabajar y se les priva de la custodia de sus hijos. Por ello, muchas mujeres terminan volviendo con sus agresores. Las órdenes de alejamiento tampoco funcionan, ni hay mecanismos de protección para las víctimas de violencia por parte de sus propias familias, una situación que se produce cuando las mujeres deciden alzar la voz sobre los abusos que sufren. En el caso de Koujan, si consigue ser indultada, será condenada igualmente a la marginación. No podrá tener contacto con sus hijos -que se han quedado con los familiares de su marido- y no podrá regresar tampoco a la provincia de Golestán, de donde procede su familia.
Cuando fue detenida, Koujan era analfabeta y apenas había ido a la escuela primaria. En prisión aprendió a leer, escribir y tiene intención de estudiar para poder tener cierta independencia. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que su caso no es aislado y que la justicia castiga especialmente grupos minoritarios como el de Koujan, de la comunidad baluche, que representan el 2% de la población en Irán.
"Koujan pertenece a una minoría étnica, es mujer y es pobre. Probablemente sea la persona más vulnerable de la sociedad iraní", declaró Mahmood Amiry Moghaddam, de la organización de derechos humanos de Irán (IHR). "Su condena simboliza el uso que hacen las autoridades iraníes de la pena de muerte para infundir miedo, así como las leyes discriminatorias y los factores sociales que han conducido a esta situación", añade. Irán ejecutó el año pasado a 975 presos -entre ellos 31 mujeres-, la cifra más alta de la última década.
