Adiós a las 'tarjetas sorpresa': Luis Peiró, experto financiero, analiza la ley de 2026 que frena el sobreendeudamiento silencioso de las familias

Durante años, muchos consumidores vieron cómo su banco les enviaba una tarjeta nueva o les subía el límite de crédito casi sin pedirlo. Ese dinero extra no siempre se vivía como deuda, sino como capacidad de gasto inmediata, alimentando lo que los expertos llaman sobreendeudamiento silencioso.

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Ahora, una nueva ley en 2026 pone fin a esa práctica y prohíbe el llamado “silencio positivo”: las entidades ya no pueden conceder crédito no solicitado ni ampliar límites de forma unilateral. Según explican Luis Peiro, socio director en Nalba Advisors, firma independiente de asesoramiento financiero, esta norma busca corregir un “desajuste perceptivo” que llevaba a muchos clientes a gastar más simplemente porque el banco daba a entender que podían permitírselo.

La advertencia es clara: que una entidad te ofrezca más crédito no significa que sea buena idea aceptarlo. La clave ahora no es solo que la ley proteja al consumidor, sino saber detenerse, reflexionar y decidir con criterio antes de dar el consentimiento expreso que exige la nueva normativa.

Durante años, muchos clientes han recibido tarjetas de crédito o aumentos de límite casi “por defecto”. ¿Por qué este sistema ha favorecido el llamado sobreendeudamiento silencioso sin que el usuario fuera plenamente consciente?

El envío automático de tarjetas de crédito configuradas por defecto en "modo financiación" (revolving) es una práctica ya antigua y totalmente en desuso. Llegó importada de mercados anglosajones, mucho más orientados a la financiación con tarjeta, pero la combinación de supervisión de las autoridades, reclamaciones de clientes y de controles internos de las entidades fueron acabando con ella desde hace tiempo.

En cuanto al aumento proactivo de límites, históricamente respondía a una lógica de fricción mínima: facilitar al cliente liquidez inmediata adicional, basada en su alto uso de su línea de crédito ("parece que necesita más liquidez") y un análisis del riesgo basado, entre otros, en un buen comportamiento de pago previo ("parece que se lo puede permitir"). Sin embargo, esto podía generar un "desajuste perceptivo": algunos consumidores podían desconectar mentalmente esa capacidad de gasto adicional ("¡me lo puedo comprar!") con la deuda futura que supone. De eso trata el "sobreendeudamiento silencioso": cuando la disponibilidad de crédito crece más rápido que la conciencia financiera del usuario.

La transparencia siempre ha sido total: los cambios de condiciones siempre eran comunicados y los extractos de las tarjetas reflejan mes a mes la situación de gasto, deuda y costes asociados. Pero en un entorno donde no todo el mundo consulta su documentación financiera o no le presta la suficiente atención, el sistema no permitía asegurar que el cliente estuviera tomando una decisión informada y consciente, que es lo que se está ahora abordando.

¿Qué cambia exactamente con la nueva ley que obliga a los bancos a contar con el consentimiento expreso del cliente antes de emitir una tarjeta o ampliar su límite de crédito?

La nueva ley prohíbe expresamente la concesión de crédito no solicitado. Esto incluye tanto el envío de tarjetas de crédito no pedidas como el aumento unilateral de los límites de crédito. Las entidades ya no pueden usar el "silencio positivo". A partir de ahora, cualquier incremento requiere una aprobación expresa por parte del consumidor. Esto garantiza que cada euro de crédito disponible en el bolsillo del ciudadano ha sido aceptado conscientemente.

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Muchas personas creen que, si el banco les sube el límite, es porque “pueden permitírselo”. ¿Por qué este razonamiento es uno de los errores financieros más comunes y más caros?

En mi opinión, se trata de un sesgo psicológico: el consumidor tiende a suspender su juicio crítico cuando la información recibida —en este caso, un aumento de límite— se alinea con sus deseos de consumo inmediato. Es lo que llamamos "racionalización del deseo": como me conviene disponer de ese dinero, asumo que la validación del banco es absoluta y no lo miro en detalle ni le aplico mi propio análisis de mi presupuesto. Es un error que no tiene en cuenta dos elementos importantes:

1) La limitación del análisis bancario: la entidad financiera evalúa la solvencia mediante modelos estadísticos y datos agregados (ingresos y deudas declaradas), pero no tiene visibilidad sobre el coste de vida real del cliente. Son los primeros interesados en evitar impagos por parte de sus clientes, pero se basan en información limitada.

2) La transferencia de la gestión de riesgos: La financiera valida que, estadísticamente, el cliente debería ser capaz de devolver el crédito, pero es el consumidor el que tiene que decidir si hacer uso de él. Confiar ciegamente en el criterio de la entidad porque "nos viene bien" es delegar nuestra salud financiera en un algoritmo externo que no conoce nuestras prioridades vitales.

La nueva ley de 2026 precisamente busca romper este sesgo, obligando a que el cliente se detenga, reflexione y firme un consentimiento, sacándolo de esa inercia de "aceptación por conveniencia".

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Desde un punto de vista práctico, ¿por qué ampliar el límite de una tarjeta puede ser más peligroso que conceder un préstamo tradicional, especialmente para hogares con ingresos medios?

La financiación con tarjeta tiene una gran ventaja: la inmediatez y la flexibilidad. Puedo atender un gasto imprevisto o un momento de baja liquidez de forma rápida y sin papeleos. Esa flexibilidad, que me permite ir disponiendo de dinero y repagando a mi ritmo, con una línea de crédito abierta y sin fecha de fin, requiere un mínimo de disciplina en su uso, para no caer en un endeudamiento insano.  En un préstamo tradicional, el capital disminuye con cada cuota hasta desaparecer: su estructura cerrada facilita la planificación financiera. Cada uno tiene sus ventajas y se adapta a distintos tipos de necesidades y perfiles de usuarios.

¿Cómo afecta esta regulación a las tarjetas revolving y por qué eran uno de los principales focos de endeudamiento crónico en España?

El problema fundamental de las tarjetas revolving en España ha sido un desajuste estructural en su uso. Se produjo un desequilibrio en el mercado cuando este instrumento, diseñado para financiaciones de corto plazo, empezó a utilizarse para financiar estilos de vida a largo plazo. Muchos usuarios no comprendieron la mecánica del peso de los intereses, sumado a cuotas mensuales muy reducidas. Esto convertía un producto de "agilidad" en una deuda de "perpetuidad".Las entidades financieras venían detectando la situación y ya estaban ajustando sus criterios y prácticas, ya sea por gestión de riesgos, riesgo reputacional o presión supervisora. De hecho, los saldos financiados con tarjeta en España ya han decrecido un 6% desde 2023. La nueva normativa viene a afianzar el tratamiento de este desequilibrio, mediante tres ejes:

1) Límites de precios: Establece topes a la TAE para evitar tipos de interés desproporcionados.

2) Amortización mínima obligatoria: Se prohíben las cuotas que no reduzcan el capital de forma significativa, asegurando que la deuda tenga un final real en el tiempo.

3) Transparencia proactiva: Obliga a informar de forma constante sobre el ahorro que supondría aumentar la cuota.

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¿Puede esta medida ayudar realmente a reducir el endeudamiento de las familias o llega tarde para quienes ya están atrapados en una deuda de tarjeta difícil de revertir?

Más que tarde, llega para cambiar las reglas del juego: su mayor valor es sin duda preventivo. Evita que nuevos consumidores entren en el mismo ciclo de endeudamiento reactivo.

A partir de ahora, cuando un banco ofrezca una tarjeta o un aumento de límite, ¿qué preguntas clave debería hacerse el consumidor antes de aceptar? Antes de aceptar esa tarjeta o ese nuevo límite, que ahora la ley obliga a firmar expresamente, el usuario debería pararse a pensar en su situación financiera, y tomar conciencia de las condiciones y las implicaciones. Yo me haría las siguientes preguntas:

A) ¿Me viene bien esta capacidad de endeudamiento adicional como red de seguridad? Muchas veces las nuevas tarjetas o nuevos límites no tienen coste directo, sino su sanación, por lo que pueden resultar útiles, bien utilizadas.

B) ¿Tendré la disciplina de usarlo debidamente? Es esencial que el crédito sea una herramienta de liquidez, no un suplemento del salario.

C) Si necesito utilizarlo, ¿entiendo el coste y las condiciones? Es el momento de revisar la TAE e idealmente llevarlo a un cálculo de cuántos euros me costarán los intereses en función del uso y la duración que estimo (los bancos están obligados a ofrecer ejemplos ilustrativos que ayudan mucho a entenderlo) para saber cuánto costará ese dinero si algún día decido activarlo. 

Para quienes ya arrastran deudas por ampliaciones de crédito “sorpresa”, ¿qué pasos recomienda para renegociar, reclamar o evitar que la situación se cronifique?

De nuevo, lo más importante es tomar conciencia, mediante los extractos mensuales, de la situación de deuda y pagos mensuales, separando capital amortizado e intereses. A partir de ahí, si se detecta una situación de crédito insano crónico:

1) Revisar la cuota mensual para acelerar la amortización, dentro de las posibilidades de cada uno

2) Hacer amortizaciones anticipadas o convertir la deuda en otra forma más adaptada a sus necesidades, como un préstamo.

3) En caso de detectar falta de transparencia u otros incumplimientos por parte de la entidad financiera, acudir a mecanismos de protección del consumidor, empezando por los de las propias entidades (cada vez más sensibles con este tema) o en su defecto, al servicio de mediación del Banco de España.

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Desde el punto de vista de la educación financiera, ¿qué lección deja esta nueva ley sobre cómo usamos el crédito en el día a día y qué deberíamos cambiar como consumidores?

Esta ley es un gran avance, aportando garantías y seguridad jurídica, pero tiene un límite claro: de nada sirve que la ley obligue a las entidades a enviar contratos claros y a pedir firmas expresas si el consumidor no sabe interpretar lo que lee o no tiene el interés de entenderlo. La regulación pone las reglas generales, pero suele llegar tarde y rara vez puede cubrir todas las casuísticas. Lo que da al consumidor la capacidad de discernir y de jugar a su favor es la educación financiera. Necesitamos consumidores que sepan usar los productos financieros con criterio y para su beneficio. Una sociedad capacitada es la mejor defensa contra las malas prácticas y el sobreendeudamiento, y una garantía de un uso eficiente de los flujos económicos para la prosperidad de todos.