El Andrés que pisó la cárcel (aunque no exactamente)

Hay frases que envejecen peor que la leche. Esa, pronunciada por el entonces duque de York para explicar su relación con Jeffrey Epstein, no solo se agrió: se convirtió en epitafio político. Andrew no dijo que eran amigos. Solo se reunían, se frecuentaban, se visitaban en Nueva York después de que Epstein ya había sido condenado en 2008 por delitos sexuales. Lo normal entre personajes “extraordinarios”…

Conviene poner orden, porque en estos asuntos el rigor es tan importante como la sátira. Andrew no ha sido arrestado ni ha pisado formalmente la cárcel. Lo que sí ocurrió fue mucho más demoledor en términos institucionales: fue despojado en 2022 de sus títulos militares honorarios y del tratamiento de “Su Alteza Real” por decisión del Palacio de Elizabeth II —su madre—, en pleno escándalo judicial en Estados Unidos.

La acusación central vino de Virginia Giuffre, quien lo demandó civilmente en Nueva York por agresión sexual cuando ella era menor de edad y víctima de la red de explotación de Epstein. Andrew negó categóricamente las acusaciones. No hubo juicio penal contra él. Pero ese año se alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre, sin admisión de culpa. Traducción política: pagó para no sentarse ante un jurado.

Ese detalle —no hubo condena penal— no borra el otro: el costo reputacional fue devastador. La famosa entrevista en Newsnight, donde intentó explicar que como no sudaba, por eso no podía ser él en la escena descrita por su acusadora, terminó por sellar su caída pública. Hay torpezas comunicacionales y luego está esa clase magistral de autodestrucción.

También es importante precisar: Andrew fue representante especial del Reino Unido para el Comercio e Inversión entre 2001 y 2011. Hubo críticas por su cercanía con personajes polémicos y por la naturaleza de algunas gestiones. Pero no existe, hasta la fecha, un proceso penal abierto en su contra en el Reino Unido por “mala conducta en la función pública” derivado de correos con Epstein. Lo que sí hubo fue una investigación mediática exhaustiva y un severo ajuste interno en la Casa Real.

Y ahí está el punto serio. En un sistema democrático consolidado (no como en otros que se dicen “país más democrático del mundo”), la pertenencia a una familia poderosa no inmuniza frente al escrutinio. El hermano de Andrew, hoy Charles III, marcó distancia institucional. La monarquía británica —arcaica, ceremonial, discutible— entendió algo elemental: la supervivencia depende de la credibilidad. Y la credibilidad no sobrevive si se percibe impunidad.

¿Fue un sacrificio frío? ¿Un ajuste quirúrgico para salvar a la institución? Probablemente ambas cosas. La Corona vive del consentimiento público y de recursos que, en buena medida, provienen del erario, por lo que no puede darse el lujo de parecer indulgente frente a acusaciones vinculadas a una red de explotación sexual de menores. Ese no es terreno para lealtades familiares sino para responsabilidad pública. Y así debe ser, porque no hay asuntos más graves que abusar de pequeños y pequeñas.

Y es por eso que aquí se acaba la broma. La trama de Epstein no es un chisme de alta sociedad. Es un caso gravísimo de tráfico y abuso sexual de menores, con ramificaciones internacionales. Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York (oficialmente por suicidio). Las víctimas existen. Sus testimonios existen. El daño es real.

En ese contexto, la conducta de cualquier figura pública vinculada —aunque sea socialmente— a ese círculo merece el más estricto escrutinio. No por morbo, sino por justicia. La pedofilia y la explotación sexual no admiten zonas grises ni bromas cínicas.

Son crímenes que destruyen vidas y requieren investigaciones independientes, procesos sólidos y reparación a las víctimas. Ahora bien, el contraste internacional es inevitable. Mientras algunas figuras poderosas han minimizado sus vínculos con Epstein o han alegado encuentros “casuales”, el caso Andrew mostró que el castigo político y simbólico puede ser inmediato incluso sin sentencia penal. No fue a prisión. Pero perdió funciones, honores, representación pública y buena parte de su prestigio.

Para alguien que nació príncipe y fue durante años uno de los rostros comerciales del Reino Unido en el extranjero, eso equivale a una caída estrepitosa. De octavo en la línea de sucesión a figura apartada de actos oficiales. De duque activo a problema logístico para el Palacio. No ha terminado en la Bastilla, pero tampoco en un club social.

La lección incómoda es que las instituciones, cuando quieren sobrevivir, se blindan. No siempre por virtud; a veces por cálculo. Pero se blindan. Y en ese blindaje, el apellido deja de ser escudo absoluto. Puede no haber habido cárcel física. Pero hubo una cárcel política: la del descrédito permanente.

Al final, el “Andrés que pisó la cárcel” es una metáfora. No de barrotes y uniforme naranja, sino de algo más corrosivo: el juicio público cuando el poder, en naciones verdaderamente civilizadas y no bromas, roza la sombra de crímenes atroces. Y en asuntos de explotación sexual de menores, la sombra basta para que ningún título —real o republicano, léase Donald Trump— vuelva a brillar igual.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM 

MAAZ