Ley para perseguir sin titubeos el abuso sexual

La Cámara de Diputados aprobó una reforma de largo aliento al Código Penal Federal en materia de abuso sexual. Se trata de una modificación que llegó tarde, pero que llegó bien orientada: actualiza el tipo penal conforme a estándares internacionales de derechos humanos, incorpora el no consentimiento como elemento central del delito y establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima no pueden interpretarse jamás como un acto de conformidad. Voté a favor con convicción.

Sin embargo, como abogada especializada en derechos humanos y como legisladora comprometida con la eficacia real de las normas que aprobamos, registré reservas que considero indispensables para que esta reforma cumpla lo que promete.

La primera tiene que ver con los talleres reeducativos que la reforma impone como obligación a los sentenciados. La apuesta por la transformación cultural por encima del punitivismo puro es un acierto que celebro. Pero una norma sin contenido es una aspiración, y las aspiraciones no protegen a nadie. El texto aprobado guarda silencio sobre quién imparte esos talleres, con qué contenidos mínimos y bajo qué supervisión judicial.

Propuse que las instituciones que los impartan sean reconocidas y acreditadas por la Secretaría de las Mujeres, que su contenido mínimo quede definido en la propia ley, incluyendo la deconstrucción de patrones de masculinidad violenta y el reconocimiento del consentimiento sexual; y que el incumplimiento injustificado de asistir a esos talleres, tenga una consecuencia jurídica clara: la revocación de la suspensión condicional y la ejecución efectiva de la pena de prisión. Sin esas precisiones, el taller reeducativo corre el riesgo de convertirse en un trámite que el agresor cumple en el papel mientras la víctima permanece desprotegida.

La segunda área de oportunidad involucra uno de los principios más relevantes del derecho internacional contemporáneo: la interseccionalidad. El dictamen aprobado protege por orientación sexual e identidad de género, lo cual es correcto y necesario, pero insuficiente. No todas las mujeres enfrentan la violencia sexual desde el mismo lugar de vulnerabilidad.

Una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer migrante o en situación de desplazamiento forzado interno enfrenta una vulnerabilidad compuesta que la ley tiene la obligación de reconocer. Por ello propuse la incorporación de una fracción XIII a las agravantes del artículo 260, que incremente la pena cuando la víctima pertenezca a alguna de estas categorías. No se trata de un privilegio: es el reconocimiento honesto de que el daño causado en esos contextos es objetivamente mayor, y que la respuesta penal debe ser proporcional a esa realidad.

La tercera reserva apunta a la reparación integral del daño. La reforma la ordena y la Ley General de Víctimas la respalda, pero el texto no responde una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando el agresor es insolvente o se sustrae a la acción de la justicia?

¿La víctima espera? ¿Sana sola mientras el proceso judicial se extiende por años? Propuse que el Estado garantice subsidiariamente la atención psicológica especializada desde el momento de la denuncia, activando de inmediato los mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sin necesidad de aguardar sentencia condenatoria.

Finalmente, propuse la adición de un Transitorio Tercero que obligue a la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, a emitir en 180 días los protocolos de investigación con perspectiva de género e interseccional, los lineamientos de acreditación de los talleres reeducativos y el protocolo de atención inmediata a víctimas. Con carácter obligatorio y con responsabilidad administrativa ante su incumplimiento.

Porque las reformas penales que no van acompañadas de instrumentos operativos mueren en el limbo de la inacción institucional, y México ya ha visto demasiadas veces ese destino para leyes que nacieron valientes y llegaron vacías a la realidad de las víctimas. Por ello seguiremos avanzando en nuevas reformas que consoliden la protección de mujeres y niñas.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

X: @lorenapignon_

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