Por qué es tan difícil eliminar del orden de sucesión al trono al ex príncipe Andrés, que ocupa el octavo puesto pese al escándalo Epstein

En Downing Street se encuentran ya con la patata caliente de impulsar una ley para remover al ex príncipe Andrés (66 años) del octavo puesto en la línea de sucesión al trono que hoy mantiene, a pesar de haber sido despojado de todos sus honores por parte de su hermano, el rey Carlos III, y de su dignidad principesca. Salvo renuncia expresa y voluntaria -se trata de una decisión personalísima- a sus derechos sucesorios por parte del mismo Andrés Mountbatten-Windsor, sólo podría perderlos tras la aprobación de una norma ad hoc, cuya tramitación se antoja tan compleja que hasta la fecha el Gobierno británico que encabeza el laborista Keir Starmer se había negado en redondo si quiera a considerar.

Cabe recordar que, el pasado octubre, el Ejecutivo echó balones fuera y negó que estuviera entre sus planes modificar la ley de sucesión a la Corona, entre otros argumentos con el de que no consideraba esencial la cuestión, toda vez que quien fuera hijo favorito de la reina Isabel II está bastante alejado de la posibilidad de ser llamado algún día a ocupar el milenario trono de Londres. Claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. La mancha reputacional del ex príncipe no ha hecho sino agrandarse. Y la desclasificación de nuevos documentos del empresario pedófilo Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que revelan que Andrés pudo filtrarle durante años documentos reservados del Gobierno, por lo que fue detenido 11 horas el pasado jueves y sometido ahora a una investigación policial bajo sospecha de mala conducta en el desempeño de cargo público -auténtica alta traición que podría acarrearle, en el peor de los casos, una condena de cadena perpetua-, obligan tanto a Downing Street como al mismo Palacio de Buckingham a establecer nuevas medidas en la operación de auténtico cordón sanitario con el que se busca preservar a la Monarquía, que sufre su peor crisis desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936.

El diario The Guardian avanzó que, según sus fuentes, que el rey Carlos no obstaculizaría al Parlamento si éste se moviera para garantizar que su hermano no pudiera ascender al trono en supuesto hipotético alguno. La medida la venían reclamando con insistencia algunos parlamentarios, incluidos los integrantes del grupo de Demócratas Liberales y los del Partido Nacional Escocés (SNP). También voces laboristas, como Rachael Maskell.

Y es que sabe bien el monarca que pocos ciudadanos asimilan que una figura tan defenestrada como Andrés, enredado en la maraña de abusos sexuales de Epstein, pueda mantenerse en la línea sucesoria. Pero cambiar este extremo requeriría no sólo la aprobación de una ley en Westminster, algo relativamente sencillo, sino también el concurso de las otras 14 naciones de las que Carlos III es jefe de Estado -como Canadá, Australia o Nueva Zelanda-, lo que convierte el proceso en complejísimo.

Ley de sucesión centenaria

La sucesión dinástica está regulada por la Ley de Asentamiento de 1701, que ha sufrido actualizaciones desde entonces. La última, de gran impacto social, en 2013, cuando se enmendó para abrazar la primogenitura absoluta, esto es, para acabar con la prevalencia del varón sobre la mujer, dentro de la misma línea y grado de parentesco, algo del todo inaceptable en democracias modernas, y que, en las 10 Monarquías parlamentarias europeas, ya sólo se mantiene en España, Mónaco y Liechtenstein.

Carlos III heredó de su madre la jefatura de Estado de 15 naciones: además del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cinco países de Oceanía (Nueva Zelanda, Australia, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu) y 10 países del continente americano: Canadá y los estados de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. (Barbados fue el último reino que, en 2011, todavía en vida de Isabel II, decidió cortar el cordón umbilical con la Corona británica.) Por ello, tras el matrimonio del príncipe Guillermo y Kate Middleton, cuando se hizo público el embarazo de la princesa, en diciembre de 2012, la presión de la opinión pública ejerció todo su efecto, y el Gobierno británico de entonces se afanó en la tarea de modificar la ley de sucesión con el fin de que si nacía una niña no pudiera verse con posterioridad removida en su posición en la línea sucesoria en caso de que llegaran hermanos varones.

De ese anacronismo discriminatorio se llevaba hablando en el Reino Unido desde hacía muchas décadas. Y entre 1979 y 2009 se presentaron diferentes propuestas de reforma -hasta 13- ante el Parlamento de Westminster. Una tras otra decayeron por considerarse, lisa y llanamente, un engorro jurídico, al que no se daba suficiente urgencia. Como decimos, hasta el embarazo de Kate.

Ante la previsión de futura descendencia de la entonces duquesa de Cambridge, en octubre de 2011, durante la Reunión bianual de Jefes de Estado y de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) los mandatarios de los 16 reinos de entonces firmaron el conocido como Acuerdo de Perth. En él, y a propuesta de Londres, se comprometieron reformar de forma simultánea sus legislaciones internas para adoptar la primogenitura absoluta en la sucesión.

El Parlamento de Westminster inició los trámites de reforma legislativa apenas dos días después del anuncio de embarazo de Kate. Y lo mismo tuvieron que hacer casi todos los demás países, en un proceso que se prolongó hasta marzo de 2015. Entre los obstáculos más destacados, cabe recordar que en Canadá la cuestión fue sometida a consulta de los altos tribunales.

Un proceso similar tendría que desarrollarse ahora para poder remover al príncipe Andrés de sus derechos dinásticos. No es sencilla la cosa. El clima sobre la Monarquía está especialmente enrarecido, y muchos temen que en algunos países, como la misma Canadá o Australia, las fuerzas que abogan por abrazar la república aprovecharan el asunto para reavivar el debate sobre la forma de Estado. Mientras, otros de los reinos de Carlos III, como Jamaica, están de hecho en estos momentos inmersos en una procelosa reforma constitucional que supondría el definitivo divorcio de la Corona.

El ministro de Defensa británico, Luke Pollard, ha asegurado este fin de semana a la BBC que la medida para impedir que Andrés se pudiera convertir en rey es "lo correcto", aunque ha aclarado que la tramitación sólo comenzaría "cuando concluya la investigación policial" sobre el ex príncipe. ¡Tan largo me lo fiáis!, que se dice en El burlador de Sevilla. Los expertos indican que las pesquisas se pueden prolongar durante meses, sino años. No es difícil aventurar que Starmer querrá esperar a otra legislatura para hincar el diente al asunto o pasarle la patata caliente a su sucesor.

Consejero del rey

La extirpación de los derechos sucesorios privaría también a Andrés del rol de consejero de Estado, que sobre el papel aún mantiene.

En noviembre de 2022, apenas unos meses después de la llegada al trono de Carlos III, el Parlamento de Westminster inició los trámites para modificar la Ley de Regencia en vigor, de 1937. En concreto, la intención era dar luz verde al proyecto de ley sobre consejeros de Estado que vino a solucionar el primer problema político con el que se topó el nuevo monarca, esto es, quién le puede sustituir como regente del reino en los supuestos que contempla la legislación. La regencia no sólo contempla supuestos tan extremos como la muerte de un soberano mientras su heredero es menor de edad, o la incapacidad absoluta para el ejercicio de las funciones del rey. Está prevista también para situaciones muy habituales, como los viajes largos al extranjero del monarca, que obligan a que en el Reino Unido alguien pueda desempeñar la regencia, o episodios de enfermedad leve que incapaciten al soberano para desarrollar determinados actos.

La Ley de Regencia contemplaba en esa fecha que cinco miembros de la familia real podían ser llamados para tal función: el consorte del soberano, en este caso la reina Camila; y los cuatro miembros mayores de edad situados en los primeros puestos del orden sucesorio al trono, que eran el príncipe Guillermo, su hermano el príncipe Harry, el príncipe Andrés y la hija mayor de éste, la princesa Beatriz.

El problema era que, ya entonces, se antojaba impensable que ejercieran tan importante papel ni Harry -expatriado en California- ni Andrés, quien llevaba varios años apartado de toda función institucional. Por ello, lo que se hizo fue sumar dos figuras más a la Ley de Regencia, de modo que ahora ya pueden ejercerla tanto la princesa Ana como el príncipe Eduardo, lo que sí garantiza de momento banquillo suficiente.