Cuba entra en modo ahorro por crisis energética
Cuba inició una semana marcada por el racionamiento de combustible y la reducción de actividades, un giro que confirma la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla. Desde ayer, el transporte público opera de forma intermitente y buena parte de los viajeros depende de taxis privados cuyos precios se dispararon de un día para otro.
Cuba con apagones y escasez
En La Habana, las calles lucieron menos concurridas mientras varios ciudadanos, acostumbrados a apagones diarios y escasez de productos básicos, expresaron su inquietud ante un escenario que perciben como un retroceso aún mayor en su vida.
El gobierno dispuso restricciones a la venta de combustible, la reducción de viajes interprovinciales y el cierre temporal de empresas estatales, además del trabajo a distancia y una semana laboral condensada de lunes a jueves.
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Para miles de personas, estas medidas significan caminar largos trayectos, reorganizar horarios y, en algunos casos, suspender actividades esenciales. Rosa Ramos, enfermera de 37 años, resumió para AFP la tensión cotidiana al esperar por más de una hora un transporte: “son medidas destinadas a evitar el colapso, pero cargadas de incertidumbre”.
El deterioro energético ocurre en un país que ya acumulaba una contracción prolongada de su economía. Según estimaciones de organismos internacionales, el PIB cubano cayó cerca de 1.5% en 2025 y apenas lograría estancarse en 2026, mientras la inflación mantiene elevado el costo de vida.
Panorama de mal en peor
El panorama se agrava con la interrupción del suministro petrolero desde Venezuela y la ausencia de barcos que solían abastecer a la isla. EU endureció su presión para impedir ventas de crudo a La Habana, un factor que ha forzado a Cuba a racionar incluso el combustible de aviación.
Como consecuencia, aerolíneas comenzaron a cancelar vuelos o a operar con escalas obligadas en el Caribe. El turismo, ya debilitado tras años de bajo rendimiento, enfrenta ahora un golpe adicional.
Mientras tanto, el gobierno insiste en proteger actividades estratégicas que generan divisas, como la producción de alimentos y el tabaco.
